Tegucigalpa.- El nuevo Gobierno de Honduras pidió hoy que "nadie se debilite" por la suspensión de visados diplomáticos de Estados Unidos a cuatro funcionarios hondureños como medida contra el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.
"Que nadie se debilite por eso, que nadie empiece a pensar que el mundo se está hundiendo", dijo el ministro de la Presidencia, Rafael Pineda. EFE/Archivo
"Que nadie se debilite por eso, que nadie empiece a pensar que el mundo se está hundiendo", dijo el ministro de la Presidencia, Rafael Pineda, en declaraciones a los periodistas en la Casa Presidencial.
El funcionario reconoció que "cada Estado tiene la facultad de saber a quienes le otorga una visa diplomática", y consideró que la decisión de Estados Unidos "parece poco amistosa".
Sin embargo, Pineda insistió en que la sanción estadounidense "no debe producir ningún desquiciamiento de la institucionalidad ni de la tranquilidad" en Honduras.
El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer que suspendió los visados diplomáticos a cuatro funcionarios hondureños.
Los afectados son el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio; el ministro de Defensa, Adolfo Sevilla; el magistrado Tomás Arita, quien ordenó a los militares la detención de Zelaya el día de su derrocamiento, y el jefe del Parlamento, Alfredo Saavedra.
Al igual que otros funcionarios del Gobierno de Roberto Micheletti, Pineda restó importancia a la medida: "una visa diplomática no vale la dignidad de la nación", dijo, y comentó que "igual se puede viajar" a Estados Unidos como turista.
"Al trascender al mundo" la suspensión de visados a funcionarios hondureños "pareciera que el país se está desquiciando", lo cual, dijo Pineda, no es así porque "todas las actividades se han reanudado normalmente y el Gobierno está funcionando a plenitud".
En declaraciones aparte, el ex canciller hondureño Guillermo Pérez-Cadalso comentó a la prensa que la medida de Estados Unidos "no debe asustar a nadie", aunque consideró "un tanto extraño" que se limite a visados diplomáticos.
Ello, explicó, "significa, en un lenguaje práctico, que como funcionarios de un Estado no se puede entrar a Estados Unidos, pero como ciudadanos sí", lo que es "una manera hasta tenue de aplicar algún tipo de sanciones".
Zelaya fue detenido el pasado 28 de junio y expulsado de su país por militares y luego destituido por el Congreso, que nombró presidente a Roberto Micheletti, quien a la vez fue reemplazado por Saavedra como jefe del Legislativo.
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