Santiago de Chile.- El Gobierno chileno descartó hoy una vulneración al Estado de Derecho tras varias ocupaciones de tierras por parte de comuneros mapuches en la sureña región de la Araucanía, pero decidió enviar al subsecretario del Interior, Patricio Rosende a la zona de conflicto.
En el sur de Chile se registran con frecuencia enfrentamientos entre hacendados y empresas forestales con indígenas que luchan por recuperar tierras que pertenecieron a sus antepasados. EFE/Archivo
"No hay ninguna amenaza al Estado de derecho, efectivamente hemos tenido varias tomas (de tierras), que nosotros estimamos inaceptables", aseguró el ministro del interior, Edmundo Pérez Yoma.
En declaraciones a los periodistas, Pérez Yoma calificó las ocupaciones de "actos delictuales" y sostuvo que a las organizaciones indígenas "que tienen connotaciones terroristas" se les ha perseguido y "todos sus líderes están encarcelados".
Durante la madrugada del domingo varias decenas de mapuches se tomaron unos terrenos de la empresa forestal Mininco y de un empresario en La Araucanía, en reivindicación de la propiedad de los predios.
Las organizaciones mapuches señalaron que las tomas se deben a la falta de respuesta del Gobierno a un petitorio dirigido a la presidenta Michelle Bachelet, que hace dos semanas entregaron en el Palacio de La Moneda.
Pero también las acciones coincidieron con la detención de algunos dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las organizaciones indígenas más radicales.
"Carabineros ha procedido a los desalojos correspondientes hoy por hoy no hay ningún fundo ocupado, la acción de Carabineros se ha ajustado absolutamente a derecho, cuenta con todo nuestro respaldo", dijo Perez Yoma.
El recrudecimiento de los incidentes causó reacciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Mayol, que dijo, en declaraciones a radio Agricultura, que a su juicio se debe aplicar la ley de seguridad del Estado, ya que "hay conmoción pública, la seguridad está sobrepasada y hay inseguridad. Hay antecedentes para actuar de esa forma".
En tanto, la fiscalía militar de Concepción resolvió procesar al líder de la CAM Héctor Llaitul, por delitos de agresión a la policía y su presunta autoría en el ataque al fiscal Mario Elgueta, el 16 de octubre de 2008, donde dos sargentos de carabineros resultaron heridos.
El Gobierno condena estos hechos, "vengan de donde vengan y sea el propósito que sea el que tengan, más aún en el caso de estos grupos que pretenden y solo buscan hacernos creer que el pueblo mapuche reivindica sus demandas por esta vía", señaló el subsecretario del Interior Patricio Rosende.
En el sur de Chile se registran con frecuencia enfrentamientos entre hacendados y empresas forestales con indígenas que luchan por recuperar tierras que pertenecieron a sus antepasados.
Numerosos mapuches, la principal etnia originaria del país, con un seis por ciento de la población, han sido acusados y condenados por provocar incendios y usurpar terrenos de forma violenta, y más de veinte dirigentes o comuneros están actualmente presos o procesados.
Los conflictos se agudizaron tras la muerte de un estudiante universitario indígena en un incidente con la policía a principios de 2008.
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