Santiago de Chile.- El ex general del Ejército Gillermo Marín, quién fuera vocero de la familia del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), dijo hoy que el indulto que ha propuesto la Iglesia católica debe ser para civiles y militares.
En opinión del ex vicecomandante del Ejército, "cuando se trata de indultos, deben ser parejos". EFE/Archivo
Garín, quién también fue vicecomandante en jefe del Ejército chileno, valoró la iniciativa eclesiástica, pero planteó la necesidad de que todos aquellos que cumplan los requisitos que se establezcan "al margen de que sean civiles o militares, puedan acceder a este beneficio".
El pasado 11 de julio, la Conferencia Episcopal chilena anunció la presentación de una iniciativa al Ejecutivo y al Congreso para indultar en 2010 a los mayores de 70 años, los enfermos terminales, madres con hijos pequeños y los reclusos por delitos menores.
Cuatro días después, la presidenta Michelle Bachelet se mostró abierta a estudiar la inclusión de represores condenados por violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, 24 horas después la ministra portavoz, Carolina Tohá, precisó que el Ejecutivo no era partidario de indultar a violadores de derechos humanos.
Este jueves, el general Garín, en declaraciones a la página electrónica de El Mercurio, pidió terminar con el "doble estándar" ante el posible indulto
Aunque no se refirió a casos puntuales, el ex vocero de la familia Pinochet dijo que "si el espíritu es tomar medidas con carácter humanitario, eso es lo que debe prevalecer ante todo".
"Pienso que aquí debemos terminar con el tema del doble estándar, porque eso no es justo", subrayó Marín.
En opinión del ex vicecomandante del Ejército, "cuando se trata de indultos, deben ser parejos", especialmente si los tribunales de justicia ya evaluaron la gravedad de los delitos.
"Si se trata de tomar medidas humanitarias o con ese contenido, la normativa debe alcanzar a todo aquel que tenga los requisitos que sean establecidos para aplicar esta medida", recalcó el ex general.
Garín afirmó que la inclusión de los militares en el indulto por el Bicentenario de Chile contribuiría notablemente a que de alguna manera sean superadas las diferencias que aún persisten en la sociedad chilena, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
En la actualidad, hay en Chile unos 60 antiguos represores condenados y alrededor de 700 procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de Pinochet.
El Informe Rettig concluyo a principios de 1991 que en total 2.279 personas perdieron la vida entre 1973 y 1990, de los cuales 164 fueron clasificados como víctimas de la violencia política y 2.115 como violaciones a los derechos humanos.
La propuesta de la Iglesia católica empezó a gestarse a finales de 2008, cuando la capellanía de Gendarmería (Servicio de Prisiones) inició un estudio para definir qué delitos y qué personas podrían recibir los beneficios penitenciarios.
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