Buenos Aires.- La oposición argentina pidió hoy al Gobierno que informe sobre el tratamiento fiscal otorgado a la canadiense Barrick Gold para la explotación de la mina binacional Pascual Lama, sobre territorio de Argentina y Chile, que ha despertado serias resistencias entre grupos ambientalistas.
El convenio de tratamiento fiscal a la multinacional canadiense fue firmado por los gobiernos de Argentina y Chile el pasado abril y regula las condiciones que deben cumplir Barrick Gold y sus proveedores para explotar la mina. EFE/Archivo
"Pedimos información para tener certezas sobre los impuestos para Pascua Lama", dijo hoy a Efe la diputada Fernanda Reyes, de la opositora Coalición Cívica, quien también solicitó la interpelación del secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
El convenio de tratamiento fiscal a la multinacional canadiense fue firmado por los gobiernos de Argentina y Chile el pasado abril y regula las condiciones que deben cumplir Barrick Gold y sus proveedores para explotar la mina, ubicada en la Cordillera de los Andes, sobre parte de la provincia de San Juan (noroeste argentino).
La polémica surgió porque el acuerdo no ha sido publicado por ninguno de los dos gobiernos, por lo que la oposición argentina ha pedido al Ministerio de Economía y a la Cancillería que les remita el convenio.
Pascua Lama, cuya construcción se iniciará el próximo septiembre, según confirmaron a Efe fuentes de la multinacional, será la primera mina binacional del mundo, con grandes reservas de oro y plata, y requerirá una inversión inicial de 3.000 millones de dólares.
Según distintas fuentes consultadas, Barrick podría ganar por esta explotación al menos 30.000 millones de dólares durante los 25 años de vida útil del proyecto, una cantidad que no fue confirmada por la compañía.
Para la diputada Fernanda Reyes, es necesario conocer los detalles del convenio y el contenido de un dictámen de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía argentino contrario a la firma del acuerdo tributario por "la generación de una pérdida altísima al Fisco".
La prensa local calculó que esa pérdida asciende a 550 millones de pesos (unos 144 millones de dólares) anuales.
"Toda modificación tributaria y los convenios bilaterales deben pasar por el Parlamento. Cuando tengamos la información requerida, tendremos los elementos para poder hacer algún tipo de denuncia por malversación de fondos o porque no se cumplen con las funciones que son propias del Congreso", dijo Reyes.
Fuentes de la Secretaría de Minería consultadas por Efe negaron que el acuerdo tributario sea "secreto" y aclararon que no fue publicado oficialmente porque debe ser homologado por la Comisión Administradora del Tratado Minero entre Argentina y Chile.
Sin embargo, puntualizaron que no supone cambios sobre las leyes impositivas vigentes y no requiere discusión parlamentaria.
También explicaron que el acuerdo prevé que Barrick Gold tribute en cada uno de los países por el volumen de extracción en su territorio y en Argentina, además, por el procesamiento industrial de los minerales.
El vicepresidente de Barrick Sudamérica, Rodrigo Jiménez Castellanos, dijo a Efe que el acuerdo "no modifica la legislación ni las alícuotas vigentes en ninguno de los dos países", ni representa "ninguna ventaja en relación con la tributación de otras compañías" mineras.
Sin embargo, estos argumentos no convencen a la oposición argentina.
Para Verónica Benas, de Solidaridad e Igualdad, el origen del problema está en el Tratado sobre Integración Minera firmado por Argentina y Chile en 1997, que "sienta las bases de la creación de paraísos fiscales" y "da nacimiento a un territorio que excede a ambos países".
"Tenemos la seguridad de que el acuerdo (tributario) es negativo y perjudicial para nuestro país. El silencio y el ocultamiento hablan por sí mismos", señaló Benas.
Según Ramón Gómez Medero, de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación, se "ha creado un tercer país en la Cordillera que lo maneja Barrick Gold" y, además del tema impositivo, es primordial discutir el modelo de minería que se aplicará y evitar daños al medioambiente.
"Si encima del peligro ambiental potencial que es enorme (...), le añadimos este componente impositivo, podemos estar ante una figura delictiva", dijo a Efe el diputado Miguel Bonasso, del opositor Diálogo por Buenos Aires.
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