Madrid.- La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al presidente de Telefónica, César Alierta, por haber prescrito el delito del que se le acusaba, de uso de información privilegiada en la compra de acciones de Tabacalera en 1997, empresa que entonces dirigía.
La sentencia, que no es firme y contra la que ambas partes pueden interponer un recurso de casación en los cinco próximos días, ha sido hecha pública hoy y también absuelve al sobrino de Alierta, Luis Javier Plácer, acusado por el mismo hecho.
Asimismo, determina que el 27 de febrero de 1998 se cometió un delito de uso de información privilegiada y que tanto Alierta como su sobrino participaron en el hecho imputado, mediante el que, según la acusación, obtuvieron un beneficio final de 309 millones de pesetas (1,86 millones de euros).
Sin embargo, precisa que el delito ya había prescrito cuando ambos fueron imputados, ya que habían transcurrido más de cinco años desde esa fecha.
Así, recuerda que aunque la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca (AUGE) presentó el 22 de noviembre de 2002 una querella contra Alierta, su mujer, Ana Cristina Plácer, y su sobrino por un supuesto delito de uso de información privilegiada y prevaricación, no fue admitida a trámite hasta junio de 2003, una vez transcurridos cinco años de la comisión del delito.
La sentencia especifica que la Audiencia de Madrid no acordó hasta el 1 de septiembre de 2003 citar a los imputados, y fue a partir del día 22 de ese mes cuando se les remitió la citación.
En cualquiera de esas fechas, subraya la sentencia, el delito consumado el 27 de febrero de 1998 había prescrito.
El fiscal del caso, Alejandro Luzón, reclamaba cuatro años y medio de prisión para cada uno de los imputados por considerar "acreditado" que se valieron de información privilegiada en dos operaciones, de las que el mercado sólo tenía rumores, para comprar títulos de Tabacalera cuando Alierta presidía la compañía.
La sentencia dictamina también que el comportamiento de los acusados "no ha podido constituir un grave daño a los intereses generales" que hubiera podido afectar a la sociedad o al mercado, pese a que el fiscal sostenía lo contrario.
Luzón argumentaba que el hecho de que se cometiera en una de las empresas más grandes del país y que lo hubiera hecho su presidente suponía una "trascendental quiebra de la confianza de los ciudadanos".
Según la tesis del fiscal, Alierta prestó a su sobrino a través de dos personas interpuestas (dos amigos de la familia) dinero para comprar acciones de Tabacalera por medio de la sociedad Creaciones Baluarte, creada por Alierta y su mujer y vendida a su sobrino en junio de 1997.
Esta sociedad, que según el fiscal adquirió Plácer con el dinero de su tío, se acabó beneficiando además de un crédito de 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros) solicitados por el presidente de Telefónica en el Banco Urquijo.
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