Lima.- El Gobierno peruano debe realizar "cambios sustantivos" a su política de promoción de las inversiones mineras para evitar que sigan aumentando los conflictos sociales en número e intensidad, según el IV informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú difundido hoy en Lima.
Imagen panorámica de La Oroya, departamento de Junín, sede de la principal fundición metalugica del Perú, operada por la empresa estadounidesne Doe Run. EFE/Archivo
"Los conflictos mineros siguen aumentando en número y sobre todo en intensidad, lejos de haber encontrado canales de solución en los que se logren acuerdos equitativos entre poblaciones y empresas mineras", señala el informe realizado en cinco regiones peruanas: Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cuzco durante el primer semestre de 2009.
El reporte señala que se ha entregado en concesión a las mineras el 53,68 por ciento del territorio de Apurímac, región surandina donde opera Xstrata en el proyecto "Las Bambas", así como el 44,67 por cien de la superficie de Cajamarca, que cobija a Yanacocha, el yacimiento aurífero más importante de Latinoamérica.
Asimismo, el 26,16 por ciento del territorio de la norteña Piura se ha dado en concesión a las mineras, como al grupo Ziyin responsable del proyecto Río Blanco, el 15,8 por ciento del de Cuzco.
En Junín, el 22,8 por cien del territorio fue dado en concesión a mineras, y en esa región se ubica el Complejo Metalúrgico de La Oroya, la ciudad más contaminada de América, a cargo de la empresa Doe Run, que afronta una crisis financiera y es cuestionada por el incumplimiento de un programa ambiental.
El documento indica que muchos de los conflictos socioambientales registrados en el primer semestre de 2009 coinciden "en la defensa de zonas ambientales frágiles y de recursos estratégicos para el país", como la gran protesta amazónica que se saldó el 5 de junio con la muerte de 34 policías y diez civiles en la provincia selvática de Bagua.
El estudio realizado por diversas ONGs ambientalistas subraya, por ejemplo, la inviabilidad de la entrega de concesiones mineras dirigidas desde el nivel del Gobierno central, sin una previa coordinación con los gobiernos regionales y locales, ya que las instancias solo toman conciencia de las partes de los territorios entregados cuando las empresas empiezan a desarrollar sus actividades.
También se insistió en que antes de otorgar una concesión minera, el Gobierno debe tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos, los derechos de las poblaciones y la cantidad de proyectos en una misma zona, así como la necesidad de una consulta previa y el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Además, el Observatorio puntualizó la urgencia del ordenamiento del territorio y la zonificación ecológica económica, el fortalecimiento de las políticas ambientales, así como las labores estatales de supervisión y fiscalización, entre otros asuntos.
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