Quito.- El Gobierno de Ecuador señaló hoy que "hará cumplir las leyes" si la petrolera francesa Perenco paraliza sus actividades en respuesta al proceso que el Estado ecuatoriano mantiene contra ella.
Para las autoridades ecuatorianas, la acción de embargo y remate es procedente, debido a que la decisión del Ciadi es posterior a la acción legal emprendida por el Estado. EFE/Archivo
El ministro de Minas y Petróleos de Ecuador, Germánico Pinto, respondió que esa eventual suspensión supondría "una clara violación" al contrato que tiene con el Estado ecuatoriano.
La suspensión afectaría a la producción de aproximadamente 20.500 barriles diarios de crudo que la compañía francesa explota en Ecuador, algo que, según Pinto, "en términos de soberanía no se permitirá".
Perenco fue sometido a un proceso por no pagar una deuda, establecida en la denominada Ley 042, que obligaba a las operadoras privadas a entregar al Estado el 50 por ciento de las ganancias extraordinarias obtenidas por la venta del crudo ecuatoriano, debido a su alto precio.
La compañía francesa no efectúo ningún pago, por lo que se dispuso el embargo y posterior remate del crudo de la compañía hasta la recuperación total de la suma adeudada más los intereses.
La petrolera interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una acción contra la Ley 042, tras la cual, el centro de arbitraje dispuso suspender la acción coactiva iniciada por la petrolera estatal Petroecuador.
Sin embargo, para las autoridades ecuatorianas, la acción de embargo y remate es procedente, debido a que la decisión del Ciadi es posterior a la acción legal emprendida por el Estado.
Ante la amenaza de Perenco, Pinto sostuvo que si la empresa decide suspender las operaciones, "se entraría en otra etapa del conflicto" y que esa decisión de la compañía "estaría afectando directamente al Estado en términos de la extracción petrolera, con todos los perjuicios que esto implicaría", añade el comunicado.
De todos modos, el ministro señaló que dará a conocer los "criterios legales" a adoptarse en esa eventual situación cuando "se conozca con exactitud la decisión adoptada por Perenco".
Por otra parte, Pinto explicó que el ministerio recibió una comunicación de la compañía en la que afirmaba que no iba a presentar un plan de pagos de la deuda contraída con el Estado, por un valor de 327 millones de dólares, tal y como se le había solicitado.
Si Perenco hubiera entregado ese plan de pagos se habría suspendido el remate de crudo del pasado 3 de julio en el que Petroecuador fue la única oferente.
No obstante, el ministro señaló que las recomendaciones del Ciadi en referencia a la subasta "fueron evaluadas y se consideró que no son convenientes para el Estado, por lo que se sigue adelante con el remate de crudo, hasta cobrar el valor adeudado".
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