Las Palmas de Gran Canaria.- Ayuntamientos, sindicatos y colectivos sociales agrupados en el movimiento "Otra educación pública es posible" exigieron hoy retirar la nueva oferta de Formación Profesional al Gobierno de Canarias, al que reclamaron "diálogo y negociación" en materia educativa mediante un manifiesto.
La consejera de Empleo, Desarrollo Local e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Guerra, firma con los veintiún municipios el manifiesto "Otra Educación Pública es Posible", hoy en Las Palmas de Gran Canaria.
"Consideramos que el momento que atraviesa la situación educativa canaria en los últimos tiempos es especialmente grave", se afirma en dicho manifiesto, en el que se acusa al Ejecutivo de aplicar una "política de recortes presupuestarios" y se califica de "imprescindible aumentar la financiación de la enseñanza pública para alcanzar los niveles que recomienda la UNESCO".
En el pronunciamiento, presentado hoy en un acto celebrado en dependencias del Cabildo de Gran Canaria con numerosa presencia de sus firmantes, se asegura que, con la política actual, "se multiplican los motivos para la insatisfacción, el malestar y el desacuerdo con decisiones importantes del Gobierno de Canarias, justificando -se recalca- que convoquemos una movilización social".
Movilización a promover "para reclamar un cambio urgente y visible de las decisiones, las inversiones, las normas, los programas y el talante de gestión, del Gobierno en su conjunto y de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en particular", se añade.
Desde el movimiento "Otra educación pública es posible" se opina que "la gota que ha colmado el vaso del deterioro es la oferta-imposición de Formación Profesional para el curso 2009-10, que -se acusa- reduce miles de plazas para el alumnado, obliga a desplazamientos imposibles, castiga a las zonas e islas alejadas y trunca el derecho a la formación de miles de jóvenes canarios".
"La nueva oferta de FP es urgente, pero -recalcan las organizaciones firmantes- debe programarse desde la máxima participación, consulta y consenso con los representantes institucionales, municipios, agentes sociales, profesionales del sector, alumnado, usuarios afectados y familias interesadas en esta modalidad de enseñanza".
"Por eso, pedimos la retirada de la nueva oferta, la continuidad de los ciclos que están funcionando y la apertura de un nuevo período de inscripción y matrícula, así como la negociación del nuevo mapa de la FP con todos los sectores afectados", concluyen a ese respecto.
En el manifiesto se precisa que los problemas no se dan sólo en la FP, asegurando que "igualmente sangrantes son las carencias en la construcción y rehabilitación de centros de Infantil, Primaria y Secundaria", apartado en el que se señala que existe "una discriminación en la ejecución de obras en perjuicio de la isla de Gran Canaria".
Otras de sus demandas son "mejorar las dotaciones de personal docente en los centros, garantizando una gestión de sustituciones más rápida y eficaz", "generalizar la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años" o ampliar la oferta de las escuelas oficiales de idiomas, que se asegura se ha reducido.
Así mismo, se aboga por "la universalización de los servicios complementarios de comedor, refuerzos educativos, atención temprana y actividades extraescolares que complementan el currículum formal en las etapas obligatorias" y, en materia de educación de personas adultas, "una decidida ampliación de la oferta, en centros y profesorado".
Por todo ello, y tras aclarar que "son conscientes de que nos queda una tarea larga para alcanzar todos estos objetivos" pero que "algunos deben ser inmediatos y así lo exigimos al Gobierno", los colectivos firmantes del manifiesto expresan su "compromiso por mantener la exigencia, la coordinación y la movilización unitaria hasta lograr un gran Acuerdo Social por la educación canaria".
Ayuntamientos como los de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana, la Federación de APAs Galdós, sindicatos como CGT, EAC, FETE-UGT, STEC-IC e Intersindical Canaria, colectivos vecinales y hasta Ben Magec-Ecologistas en Acción y el Centro de la Cultura Popular Canaria figuran entre los firmantes del manifiesto.
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