La Paz.- El Gobierno de Bolivia anunció hoy que presentará una demanda penal contra jueces de la Corte Superior del departamento de Santa Cruz por su presunta intención de paralizar la investigación sobre un caso de terrorismo en el país.
El viceministro boliviano del Interior, Marcos Farfán (d), acusó a los jueces de "pretender encubrir" a personas que presuntamente estaban vinculados a un grupo armado acusado de atentar contra el presidente Evo Morales. EFE/Archivo
El viceministro boliviano del Interior, Marcos Farfán, acusó a los jueces de "pretender encubrir" a personas que presuntamente estaban vinculados a un grupo armado acusado de intentar formar milicias separatistas y atentar contra el presidente Evo Morales.
El pasado 16 de abril, la Policía desarticuló esa presunta banda internacional que, según el Ejecutivo y un fiscal de La Paz, estaba relacionada con dirigentes regionales y empresariales de Santa Cruz.
La convocatoria para que personalidades cruceñas declaren en La Paz sobre este caso ha provocado reacciones de protesta en Santa Cruz, donde creen que se trata de un ataque contra el movimiento autonomista cruceño, opositor a Morales.
La Corte Superior de Santa Cruz decidió el martes que el fiscal Marcelo Soza, principal investigador del caso, no puede citar en La Paz a los presuntos acusados cruceños, hasta que la Corte Suprema decida qué jurisdicción debe aplicarse.
"Hemos sido testigos de una acción clara y abierta de prevaricación de parte de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz. Pretenden investigar al investigador con el único fin de paralizar las investigaciones de terrorismo", dijo Farfán.
Según el viceministro, esa acción judicial cruceña sólo busca "esconder la verdad al pueblo boliviano" sobre qué personas financiaron y dieron apoyo logístico a la banda terrorista.
"Es un fallo aberrante, prevaricador y completamente contrario a la ley", concluyó el funcionario, y advirtió que en caso de mantener esta postura los vocales de la Corte Superior cruceña "estarían ingresando en hechos delictivos" por uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes.
Por otra parte, Farfán alertó a la población de Santa Cruz del uso de instituciones de esa región para encubrir los supuestos actos de terrorismo, en alusión al Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Una asamblea de esa institución convocó anoche a una marcha para el 15 de julio en defensa de la "democracia, la justicia y la libertad" y rechazó la actuación de la fiscalía y del Gobierno porque, en su criterio, violan "derechos humanos y garantías".
La asamblea también resolvió disponer de "todos los recursos necesarios para la defensa efectiva" de las personalidades cruceñas acusadas por el Gobierno y les instó a no reconocer la competencia de la fiscalía de La Paz para esta investigación.
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