Castilla y León y Galicia piden una revisión de la Ley en 2009 ante la asfixia financiera

Valladolid.-  Los consejeros de servicios sociales de Castilla y León, César Antón, y Galicia, Beatriz Mato, han urgido hoy al Ministerio que revise antes de que acabe 2009 la Ley de Dependencia, en cuanto a desarrollo normativo y aportación financiera, ante la "asfixia" que está produciendo a las comunidades.

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(EFE)

El consejero de Familia, César Antón. EFE/Archivo

La consejera de Trabajo y Bienestar Social de Xunta de Galicia, Beatriz Mato, y el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón, han celebrado hoy en Valladolid el primer encuentro bilateral para perfilar, en lo que afecta a sus departamentos, el convenio que firmarán el próximo otoño las dos autonomías para reforzar su colaboración

La reunión da continuidad a la entrevista que mantuvieron el pasado lunes en Valladolid los presidentes de los Ejecutivos de ambas autonomías, el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y ha permitido contrastar los servicios de dos autonomías con características similares en población, envejecimiento y dispersión, que requieren de respuestas concretas.

Los dos consejeros, ambos del PP, han coincidido en calificar de buena la Ley de Dependencia y en criticar la escasa financiación del Estado que está "asfixiando" a sus respectivos departamentos, sin que la normativa nacional acabe de funcionar bien después de crear expectativas entre los ciudadanos "a los que se está defraudando", en palabras de Mato.

Por cada euro que pone el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que dirige Trinidad Jiménez, para la Ley de Dependencia, el Ejecutivo gallego aporta cinco, mientras que en el caso castellanoleonés, la Junta financia cuatro de cada cinco euros del coste real de este servicio.

Antón ha recordado que en la memoria financiera de la Ley de Dependencia se recogía un reparto de financiación a tres partes iguales entre administración general, autonómicas y usuarios.

"En Castilla y León la Junta y los usuarios corren con el 83 por ciento", con lo que los dependientes "ponen más que el Estado", que de acuerdo a los presupuestos del 2007 y 2008 ha aportado entre un diez o doce por ciento del coste de la atención a la dependencia, ha observado el consejero.

Aunque la Ley prevé una revisión o evaluación en 2010 para "su reajuste", ambos consejeros han reclamado que se adelante a 2009 para mejorar su gestión y la financiación y para que se desarrollen aspectos normativos pendientes como los relativos a la formación mínima y común que deben recibir los cuidadores de los dependientes.

La consejera gallega se ha mostrado además muy crítica con la gestión que de la Ley de Dependencia hizo el anterior gobierno en su Comunidad -compuesto por el PSG y el BNG-, y tras poco más de dos meses en el cargo ha recordado que se han encontrado con 25.000 solicitudes "escondidas en un cajón".

Ha recordado que en Galicia son 79.000 las solicitudes presentadas, con 37.000 reconocidas y sólo 12.000 de grandes dependientes concedidas, en una situación que ha calificado de "alarmante".

"La forma en la que trabaja Castilla y León la Ley de Dependencia no se parece nada a la del anterior Gobierno de Galicia", ha referido Mato.

Tras esta primera reunión, en la que han analizado los modelos de gestión de servicios sociales, sus ventajas e inconvenientes, los consejeros continuarán intercambiando información para poder cerrar acuerdos más concretos en casas de acogida para mujeres, menores o programas de ocio y tiempo libre.