El Síndic advierte de más de 800 retrasos en la valoración a dependientes

Valencia.-  La Sindicatura de Greuges ha emitido un total de 846 resoluciones en las que advierte a la Conselleria de Bienestar Social de los retrasos en la valoración a personas dependientes de la Comunitat Valenciana entre enero y mayo de este año.

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(EFE)

La secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce (i), y el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, durante la firma en Alicante del covenio del Plan E para la financiación de proyectos de dependencia en la Comunidad Valenciana. el pasado mes de marzo. EFE/Archivo

La institución ha instado a la Generalitat a resolver "a la mayor brevedad posible" los expedientes abiertos para declarar dependientes a cerca de 850 valencianos que le han trasladado su queja.

Sólo en los cinco primeros meses de 2009, la Sindicatura ya ha remitido más del doble de recomendaciones a Bienestar Social que durante todo 2008, cuando pidió en 345 ocasiones a la Conselleria que resolviera los expedientes.

En las quejas que ha recibido la Sindicatura desde enero, los afectados denuncian demoras que oscilan entre los seis meses, el plazo máximo legal para concluir la tramitación, y los dos años.

El mes de mayo ha sido el de mayor número de resoluciones, con un total de 571, seguido del de abril, con 141, todas ellas suscritas por el actual Síndic de Greuges, José Cholbi.

Su antecesora al frente de la institución, la ex Síndica en funciones Emilia Caballero, redactó 100 resoluciones en enero y 34 en febrero, mientras que en marzo, mes en el que Cholbi tomó posesión del cargo, no hubo ningún pronunciamiento en torno a esta materia.

Las sugerencias suscritas por Cholbi y Caballero coinciden en urgir a Bienestar Social a que resuelva cada uno de los expedientes "a la mayor brevedad posible", con la finalidad de conceder "las prestaciones que correspondan, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención".

La Sindicatura incide en que la Ley de Dependencia, que entró en vigor en diciembre de 2007, "regula escasamente el procedimiento para obtener las ayudas y prestaciones".

La norma estatal se refiere únicamente a "la forma de iniciarlo, a la valoración y a la elaboración del Programa Individual de Atención como instrumento que definirá las prestaciones adecuadas a cada caso".

No en vano, el protocolo para valorar la situación de dependencia fue desarrollado por un decreto del Consell, donde se establece el procedimiento "para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes", explica la institución.

Así, tras emitir una solicitud, cada paciente debe ser valorado en el domicilio, y posteriormente la Generalitat tiene que elaborar un informe social y un programa individual de atención que negociará con el dependiente.

El plazo máximo para resolver este trámite es de seis meses, según el decreto autonómico, y los efectos económicos de la resolución favorable lo son desde el día siguiente a la presentación de la solicitud, añade el Síndic.

Por ello, advierte de que "la falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes conlleva la inobservancia de la normativa aplicable al respecto".

En junio del pasado año, Caballero inició una investigación de oficio sobre la implantación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana.

La Síndica en funciones entonces denunciaba "un retraso importante" en la resolución de las peticiones de ayudas en el marco de la ley estatal y ha alertaba de que el personal existente es "insuficiente y con formación y experiencia dudosa".