El Gobierno vasco detecta irregularidades graves en varias contrataciones externas de tres médicos

Vitoria.-  El Gobierno vasco ha detectado irregularidades graves en la adjudicación y los precios pagados por varios servicios a empresas externas vinculadas a tres médicos de Osakidetza, a los que abrirá además expediente.

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(EFE)

El consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa, antes de hablar el pasado 11 de junio sobre "el futuro de internet y las redes sociales en la sanidad" dentro de la jornada "Innovaciones y redes sociales en el sector salud". EFE/Archivo

El consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, ha hecho pública hoy la investigación sobre las adjudicaciones realizadas por la anterior administración vasca a empresas vinculadas al ex-jefe de calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello y otros dos facultativos, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga, todo ellos médicos de la sanidad pública, un caso destapado por el diario "El Mundo".

La investigación ha examinado las adjudicaciones a cuatro empresas y una unión temporal de empresas, que entre otros asuntos, llevaban los servicios de atención urgente a domicilio y la derivación a la sanidad privada de pacientes en listas de espera de Osakidetza.

Los tres facultativos denunciados son socios, y en dos de los casos apoderados, de las empresas beneficiarias de las irregularidades.

Las conclusiones del informe son que se aumentaron "de forma excesiva y no justificada las tarifas pagadas a estas empresas sin ningún motivo".

Por ejemplo, las tarifas a una de ellas, Medical Dom, que llevaba la atención a domicilio, subieron un 19 por ciento en el año 2008 y otro 19 por ciento en el 2009.

También se adjudicó un contrato por 2,7 millones de euros a una unión temporal Siglo XXI-Clínica Indautxu-Rehabilidom para la derivación de pacientes, cuando en el 2008 se pagó por lo mismo 212.800 euros.

Además, ha habido una conculcación del procedimiento administrativo, porque se usaron procedimientos de urgencia que no estaban justificados.

De todo ello se ha derivado un "probable perjuicio económico" para el Departamento de Sanidad, que no obstante, no ha calculado la cifra del sobrecoste pagado.

Las decisiones que ha tomado el Gobierno vasco tras concluir la investigación son trasladarla a la mesa del Parlamento, pidiendo que sea el Tribunal vasco de Cuentas Públicas el que haga una auditoría en profundidad, que esclarezca completamente el perjuicio causado.

Además, ha dejado de utilizar desde hoy mismo los servicios de la UTE citada, y pasa a gestionar directamente la desviación de los pacientes en lista de espera en Vizcaya.

Además, ha dado instrucciones para que no se aplique a Medical dom la subida del 19 por ciento de este año, y de cara al año que viene abrirá un nuevo concurso para el servicio de atención a las urgencias domiciliares, el que lleva esta empresa.

Osakidetza va abrir un expediente de información a los tres médicos denunciados para comprobar si han eludido sus responsabilidades laborales en algún momento.

El consejero no se ha querido pronunciar sobre el papel en el caso de su antecesor, Gabriel Inclán, y se ha limitado a recordar que cuando hablaron con Inclán al inicio de la investigación éste dijo que no tenía nada que ver con los hechos.