Demandan proteger archivos que pueden aclarar crímenes de guerra en Guatemala

Guatemala.-  Más de medio centenar de organizaciones humanitarias y religiosas demandan al Estado proteger los archivos de la extinta Policía Nacional que podrían aclarar los crímenes perpetrados durante la guerra (1960-1996) en Guatemala.

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(EFE)

Los archivos han permitido, hasta ahora, la captura de dos ex agentes de la Policía Nacional Civil (PN) por su presunta participación en la captura y posterior desaparición, el 14 de febrero de 1984, del dirigente sindical Edgar Fernando García. EFE/Archivo

Fuentes del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) informaron hoy a Efe que además de las asociaciones, unos 15 activistas particulares emitieron un comunicado en el que piden al Gobierno garantizar el resguardo de los denominados "Archivos Históricos de la Policía Nacional" (AHPN).

Al menos 80 millones de documentos que contienen información de las violaciones durante el conflicto armado fueron encontrados en 2005 por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en la sede de la desaparecida Policía Nacional (PN).

Hasta ahora, según la PDH, se preserva el 10 por ciento de esos archivos.

Según el director de Caldh, Mario Minera, existe riesgo de que esos archivos, que contienen informes de miles de violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad, puedan perderse.

Un comunicado del Caldh sostiene que los "cómplices de la impunidad" se oponen a la reconstrucción de la memoria histórica por la posibilidad de que familiares de las víctimas utilicen los archivos para denunciar y enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de las miles de violaciones.

"Urge preservar y proteger la totalidad de los documentos, los cuales registran actos de intimidación, amenazas, ataques, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y espionaje a líderes políticos, religiosos, sociales y populares", advierte.

Los archivos han permitido, hasta ahora, la captura de dos ex agentes de la Policía Nacional Civil (PN) por su presunta participación en la captura y posterior desaparición, el 14 de febrero de 1984, del dirigente sindical Edgar Fernando García.

"Por esa importancia histórica, judicial y reparadora es que el Estado, en especial el Organismo Ejecutivo, debe garantizar la preservación y protección de los archivos", aseguran las asociaciones humanitarias.

Señalan que el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, tiene en sus manos "el ineludible mandato de que los archivos tengan un depositario comprometido con la verdad y la justicia".

También que se garantice el derecho de los familiares de las víctimas, sobrevivientes del conflicto y a todos los sectores, tener libre acceso a esos documentos.

Los archivos, aseguran, "son fuente para conocer qué fue lo que pasó, por qué el Estado de Guatemala se ensañó contra su propio pueblo en esos años y cuál es la responsabilidad de agentes, mandos y directores de la ex PN en esas violaciones".

El conflicto armado que acabó en diciembre de 1996 dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Además de Caldh, entre otras organizaciones que firman la demandan aparecen el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y la Seguridad en Democracia (SEDEM).

También el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO) y la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA).

Asimismo, la Fundación Myrna Mack (FMM), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Latin American Canadian Solidarity Association (LACASA), de Ontario (Canadá).