El presidente de la Asamblea General de la ONU convoca una plenaria para tratar la crisis de Honduras

Naciones Unidas.-  El presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel D'Escoto, convocó para mañana una sesión plenaria para abordar la situación de crisis que vive Honduras, tras la deposición de su presidente, Manuel Zelaya, informó hoy un portavoz de ese órgano.

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(EFE)

El presidente de la Asamblea condenó "de forma clara y categórica la acción criminal del Ejército golpista de Honduras". EFE/Archivo

D'Escoto, según un comunicado de la presidencia de la Asamblea, convocó a los 192 países de Naciones Unidas a tratar la situación de crisis política que vive Honduras tras la deposición y salida del país de Zelaya.

Con anterioridad, el presidente de la Asamblea condenó "de forma clara y categórica la acción criminal del Ejército golpista de Honduras" y reclamó "solidaridad con el presidente constitucional de Honduras".

El ex canciller nicaragüense señaló que la "única solución" a la actual crisis pasa por la "restitución inmediata de Zelaya al cargo y las funciones que la soberanía popular han otorgado a éste a través de las urnas y que ninguna otra alternativa será aceptable por la comunidad internacional".

Además, el presidente de la oficina de coordinación de los No Alineados, el embajador de Cuba ante la ONU, Abelardo Moreno, pidió hoy el retorno y la restitución inmediata en el poder del depuesto presidente hondureño.

El diplomático cubano, como responsable de la coordinación del grupo de los No Alineados, expresó su "denuncia y condena del brutal golpe de estado" ocurrido el domingo en el país centroamericano, que forma parte de ese grupo de naciones en la ONU.

Asimismo denunció el "secuestro" de la ministra hondureña de Exteriores, Patricia Rodas, y pidió su inmediata liberación, así como que se respete su "seguridad e integridad".

"Las fuerzas armadas de ese país son responsables de la vida y dignidad" de la canciller hondureña, agregó el presidente de la oficina de coordinación del grupo de los No Alineados, y condenó "el secuestro y las palizas" sufridas por varios embajadores acreditados en Honduras, incluido el de Cuba.

Moreno, en nombre de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y los países que la componen con representación en Naciones Unidas, se pronunció también en el mismo sentido, además de subrayar mediante un comunicado en Nueva York que sus "gobiernos no reconocen ni reconocerán ningún gobierno que no sea el democráticamente electo" de Zelaya.

Los países de ALBA son Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.

"Exigimos el inmediato retorno al estado de derecho en Honduras y la restitución a sus funciones de Manuel Zelaya, legitimo presidente constitucional de dicho país", agregan en el comunicado, que también insta a la comunidad internacional a "no reconocer a ningún otro gobierno que no sea el legítimo" del depuesto presidente.

Los países del ALBA exhortan también al ejército hondureño a replegarse a sus cuarteles "de inmediato para evitar incidentes que puedan conducir a un derramamiento de sangre", además de que exigieron "la libertad inmediata y el respeto a la vida" de la canciller.

Igualmente condenaron los ataques que sufrieron en Honduras los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Además, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó la detención de Zelaya e instó a la "restitución de los representantes democráticamente elegidos del país y al pleno respeto de los derechos humanos, incluidas las salvaguardas de seguridad para el presidente Zelaya, los miembros de su familia y su gobierno".

La crisis política en Honduras entró en un compás de espera después de que el Congreso destituyera a Zelaya en la presidencia y nombrase en su lugar a Roberto Micheletti, de su mismo partido y titular del legislativo, que hasta ahora no ha sido reconocido por algún otro país.

Zelaya fue detenido en la madrugada y llevado contra su voluntad a Costa Rica, desde donde denunció su "secuestro" y llamó a la población hondureña a manifestarse pacíficamente en defensa de la democracia.

La detención se produjo pocas horas antes del comienzo de una consulta popular que había convocado para reformar la Constitución, que incluía, entre otros aspectos, la posibilidad de la reelección presidencial, que la actual Carta Magna hondureña prohíbe.

El Parlamento y el Tribunal Supremo de Honduras habían declarado ilegal la convocatoria de referéndum.