Por qué la justicia española ya no quiere ser universal

Con motivo de la aprobación hoy en el Congreso de los Diputados de la Ley de Oficina Judicial, que limita el alcance de la justicia universal, recuperamos un artículo publicado en febrero, cuando se abrió el debate. Entonces nos preguntábamos por qué la justicia española ya no quería ser universal, una pregunta que vuelve a estar de actualidad.

(Reuters)

Si lo hubiesen decidido antes, él hubiese tenido una jubilación más placentera.

En España, estamos asistiendo a un sonoro movimiento de oposición hacia las decisiones de la Audiencia Nacional de juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en otros países (un movimiento espoleado por la decisión del juez Andreu de investigar la muerte de más de una decena de civiles palestinos en Gaza a manos, supuestamente, de militares israelíes). Esta corriente de opinión se ha hecho visible tanto en medios de comunicación (se ha llegado a pedir con ironía que se investigue a Bonnie & Clyde y a Gengis Khan) como desde el propio Ministerio de Justicia, que estudia limitar las competencias de la Audiencia en este sentido. Y, ante este movimiento, cabe preguntarse: ¿Qué extrañas razones pueden conducir a la propia Justicia a poner barreras a una investigación que persigue la resolución de crímenes contra la humanidad?

Hemos rastreado entre las páginas de diarios y las declaraciones de los políticos para intentar averiguar qué razones pueden llevar a trabar las intenciones de la Audiencia, y las hemos sometido a la opinión de Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, que presentó recientemente su libro 'Justicia Universal para Crímenes Internacionales':

• La persecución de crímenes contra la humanidad compromete recursos que debieran destinarse a la justicia española, y más en una situación delicada como la actual. Ollé considera que "el porcentaje de medios que se destina a la persecución de delitos contra la humanidad es ínfimo, una aguja en un pajar", y que "tan perseguibles son los delitos que se guían por el principio de territorialidad como aquellos que lo hacen por el de la justicia universal".
• Supone meterse en territorio de la justicia israelí. "La justicia española no se está metiendo en terreno de nadie en la medida en que el derecho internacional reconoce la persecución de estos crímenes, al tratarse de las violaciones más graves que existen contra los derechos humanos. Y, además, en los delitos que persigue la justicia internacional, en muchas ocasiones, se ven implicados los propios estados, que dificultan mucho cualquier proceso judicial", dice Ollé.

Por ejemplo, en el caso de Israel, el propio auto de imputación redactado por Andreu explica que el 25 de agosto de 2008 se acordó pedir información a Israel sobre la existencia de algún procedimiento judicial que se hubiera tramitado o estuviera tramitándose por los hechos relatados en la querella. "Al día de la fecha las autoridades del Estado de Israel no han dado cumplimiento a la solicitud de cooperación jurídica internacional solicitada", concluye el auto del juez Andreu de la semana pasada.

• Estos casos deberían resolverse a través de algún tribunal de carácter internacional, y no a través de los de cada Estado. Manuel Ollé considera que sería una opción ideal, pero que la actual Corte Penal Internacional está repleta de limitaciones. Por ejemplo, este tribunal no puede juzgar casos acontecidos con anterioridad a su entrada en vigor, que se produjo el 1 de julio de 2002. Del mismo modo, sólo puede juzgar situaciones relacionadas con países que hayan ratificado el estatuto del tribunal internacional. Algo que, por cierto, Israel no ha hecho.
• Los jueces de la Audiencia persiguen sembrar opiniones políticas partidistas. Es cierto que a tres días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, cuando todas las miradas se habían posado en China, el juez Pedraz decidió abrir una investigación contra las autoridades chinas por la represión que tuvo lugar en el Tíbet meses antes. Del mismo modo, ahora que muchas miradas se orientaban a Israel, Andreu ha decidido actuar contra Israel. ¿Y por qué no investiga posibles matanzas cometidas por los palestinos?, se podrán preguntar algunos. Ollé no cree que este tipo de decisiones se hayan tomado al rebufo de grandes acontecimientos o de la búsqueda de notoriedad. Aunque, en todo caso, ¿este hecho restaría legitimidad a las investigaciones para esclarecer genocidios?
• Al final, estas investigaciones no conducen a ningún lado. Para rebatir este último argumento, Ollé recuerda los casos de los militares argentinos Scilingo (condenado a más de 1.000 años de cárcel en España) y Cavallo (cuyo caso motivó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final). La justicia universal, pues, además de condenar a quien cometió crímenes contra la humanidad, puede contribuir a generar cierta reacción interna en algunos países que nunca mostraron buena disposición a cerrar episodios oscuros de su historia, según reconoce Ollé.

Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan a que todo este abanico de razones se reducen, al fin y al cabo, a cuestiones políticas. Y es que la persecución de crímenes internacionales también puede convertirse en un arma de diplomacia judicial, y el afán de evitar enfrentamientos puede conducir a una restricción de las atribuciones de la justicia universal, según la visión de dichas fuentes. Si verdaderamente se limitaran legalmente las funciones de la Audiencia, "esa ley, directamente, iría en contra del derecho internacional", sentencia Ollé. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que las funciones de la Audiencia son excesivas en materia de justicia universal? ¿Por qué?