Madrid.- Representantes de la Comisión Islámica de Melilla han registrado hoy en el Congreso de los Diputados las más de 10.000 firmas recogidas en contra de la extradición a Marruecos de dos ciudadanos europeos -uno belga y otro melillense- por su supuesta vinculación con redes terroristas.
El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares (d), y el presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán (i), durante la entrega en el Registro del Congreso de los Diputados, más de 10.000 firmas recogidas en contra de la extradición a Marruecos de dos ciudadanos europeos -uno belga y otro melillense- por su supuesta vinculación con redes terroristas.
Junto a los miembros de esta Comisión han estado presentes en la entrega el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, quienes han subrayado el peligroso precedente que sentaría el hecho de extraditar a Marruecos a los ciudadanos comunitarios.
Ali Aarass y Mohamed Ahmed Bachir fueron detenidos, según ha explicado a Efe su abogado, Mayim Mohamed, el 1 de abril de 2008, después de que Marruecos dictara una orden internacional de detención.
Tras esta detención, pasaron a disposición judicial y la Audiencia Nacional determinó que debían ser extraditados a Marruecos.
Una decisión, según el abogado, que incumple el convenio firmado en 1992 entre España y Marruecos según el cual no pueden extraditar a sus respectivos nacionales.
Nayim Mohamed ha explicado que los dos detenidos tienen acreditada su nacionalidad europea y no se ha procedido a la retirada de esta nacionalidad, por lo que extraditarles supondría trasgredir el convenio y sentaría un "gravísimo" precedente que da pie a que cualquier ciudadanos español con ascendentes marroquíes pueda ser juzgado en aquel país si así lo pide.
De ser juzgados allí, ha continuado, se enfrentarían a penas que pueden oscilar entre los 20 años de cárcel, la cadena perpetua o, incluso, la pena de muerte, todo ello en un sistema judicial que, según ha dicho el abogado, no es garantista.
Ha explicado, además, que en 2006, antes de la detención, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya investigó a Ali Aarass por supuesta vinculación a una célula terrorista, pero se dictó un auto de sobreseimiento al no encontrar pruebas que lo demostraran.
Gaspar Llamazares, por su parte, ha exigido al Gobierno que asuma su responsabilidad de defender a sus nacionales, "sean del origen que sean", y que rechace cualquier solicitud de extradición por parte de Marruecos en virtud al convenio que tienen suscrito.
Bajo su punto de vista, "da la impresión de que se está utilizando este tema -por la sensibilidad que hay en materia de seguridad y política antiterrorista- para otro tipo de objetivos políticos que en los que el Gobierno no debe colaborar".
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