El PSOE alude en una denuncia a la Fiscalía a la amistad entre el alcalde y el dueño de Urvisa

Oviedo.-  La denuncia presentada hoy por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo por un presunto aprovechamiento delictivo de fondos públicos en la gestión de una parcela del polígono de Olloniego alude a la "amistad entre el alcalde, Gabino de Lorenzo, y José Luis López González, titular de la empresa Urvisa, que se habría beneficiado de este proceso.

ampliar foto

(EFE)

Los concejales del grupo Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo Carreño (i), Carmen Caballero (c), y Feliz Fernández (d), presentaron hoy una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto aprovechamiento delictivo de fondos públicos en la gestión de una parcela del polígono de Olloniego.

Según el texto entregado hoy en la Fiscalía Anticorrupción por los concejales Alfredo Carreño y Carmen Caballero, es "de conocimiento general" la "especial relación de amistad personal y familiar" entre De Lorenzo y el propietario de la sociedad a la que el Ayuntamiento adjudicó en enero de 2003 una parcela de 16.009 metros cuadrados en dicho polígono por 432.998 euros.

Urvisa adquirió los terrenos a un precio de 33 euros por metro cuadrado a pesar de que el precio medio de una parcela de este tipo en el mercado libre rondaba los 88 euros por metro cuadrado por la adscripción del polígono al plan de fondos mineros para generar nueva actividad económica en zonas afectadas por la reconversión.

El contrato de compraventa establecía que la empresa debería ejecutar directamente las obras correspondientes a edificaciones y usos industriales y no ceder ni transmitir los derechos sobre los terrenos y que incumplir este aspecto daría lugar a la resolución del acuerdo y a la incautación de la fianza.

Según la denuncia, en junio de 2003 Urvisa vendió la parcela a Bitácora 2002, en la que participaban socios de la primera, que solicitó después licencia de obras al Ayuntamiento y construyó 17 naves nido -con un valor de 6,5 millones de euros- a pesar de que la autorización municipal sólo le permitía ejecutar dos.

El PSOE recuerda además que en febrero de 2007 el concejal de licencias, Jaime Reinares, recordó a Bitácora 2002, "lo que demuestra que tiene perfecto conocimiento de que se ha transmitido la parcela", que el contrato de adjudicación establecía la obligación de ejecutar las obras dos años después de la compraventa a pesar de que entonces ya habían transcurrido cuatro años.

Posteriormente, la empresa dividió la propiedad en distintos predios independientes que vendió de nuevo a dos sociedades, Promociones Caudal y Sistemas Asturianos de Desarrollos Empresariales, y que a su vez comercializaron algunas de las naves construidas entre varios particulares.

Estas transmisiones ya estaban libres de la prohibición de vender los terrenos después de que el Ayuntamiento decidiera en agosto de 2008 levantar esta condición al estimar que Urvisa había cumplido el proyecto industrial y devolverle el aval constituido con la empresa.

Según los socialistas, tras sus denuncias a través de los medios de comunicación, el equipo de gobierno decidió en junio de este año resolver el contrato con Urvisa al estimar que se había producido un flagrante incumplimiento de las condiciones de adjudicación y solicitar la devolución de los terrenos.

Para el PSOE, la Junta de Gobierno "tenía pleno conocimiento de todos y cada uno de estos incumplimientos" y, a pesar de ello, alzó las cargas industriales "que incomprensiblemente había declarado cumplidas en agosto de 2008", lo que beneficiaba a la empresa al permitirle la comercialización de las naves "sin cumplir las cargas de desarrollo industrial para la creación de empleo".

"Resulta inútil declarar resuelto este contrato y pedir a la empresa beneficiada que devuelva la parcela y recoja el precio cuando ya se le ha devuelto la fianza, ha transmitido a terceros la propiedad y tiene a su favor que la causa de resolución contractual es inexistente por propia declaración municipal", añade la denuncia.

Además de la vinculación que el PSOE establece entre De Lorenzo y el titular de Urvisa, la denuncia hace referencia al hecho de que el concejal de Patrimonio, Iván de Santiago, ha desempeñado diversos trabajos profesionales en su calidad de abogado para la empresa adjudicataria y para uno de los socios de Bitácora 2002.

El pasado domingo la Junta de Gobierno municipal acordó remitir el expediente de esta parcela al fiscal jefe del Tribunal de Justicia de Asturias (TSJA), Gerardo Herrero, al que De Lorenzo envió además una carta en la que se ponía a su disposición para "aclarar" y "depurar" las actuaciones municipales tras tener conocimiento de las "insistentes denuncias" del PSOE.