Panamá.- El Gobierno del presidente panameño, Martín Torrijos, que termina su mandato el 1 de julio, no podrá cerrar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y será la nueva administración la que deberá presionar por su ratificación en el Congreso estadounidense, informaron hoy fuentes oficiales.
El vicepresidente primero y canciller panameño, Samuel Lewis Navarro, expresó hoy que están pendientes de que el tratado se envíe al Congreso de los Estados Unidos para su ratificación. EFE/Archivo
"Nosotros sabemos hace varias semanas que esta administración (de Torrijos) no cierra el tratado (con EE.UU.), y es algo de lo que el presidente electo, Ricardo Martinelli, está informado", señaló hoy a Efe la ministra panameña de Comercio e Industrias, Gisela Álvarez de Porras.
Álvarez dijo no ver esto como una derrota, "porque lo importante es que se hizo una excelente negociación" del tratado.
El vicepresidente primero y canciller panameño, Samuel Lewis Navarro, expresó hoy que están pendientes de que el tratado se envíe al Congreso de los Estados Unidos para su ratificación, y que "mientras eso no suceda, es poco o nada lo que realmente se puede hacer (...) porque ya estamos en la etapa final del Gobierno".
La jefa de la cartera de Comercio indicó que la "ventana política" para que el TLC se presente al Congreso para su ratificación no está abierta, porque en Estados Unidos "están ocupados en su ley de reforma de la salud".
La ministra aclaró que esta es la causa por la que el tratado no ha sido enviado al Congreso, y no que el Gobierno estadounidense le esté insistiendo a Panamá "en este momento" en que haga cambios en materia laboral y financiera previos a su ratificación.
En medios locales trascendió que el Senado de EE.UU. ha planteado la introducción de modificaciones al régimen de sociedades anónimas para eliminar las acciones al portador, la firma de un acuerdo de intercambio de información financiera y reformas a la legislación laboral para flexibilizar la formación de sindicatos, entre otras.
Algunos de estos temas han sido rechazados por sectores panameños.
Álvarez recordó que en las negociaciones del TLC, Panamá logró que se excluyeran del acuerdo las cuestiones laborales, pero que siempre se supo que se abordarían cuando el documento estuviera listo para ser enviado al Congreso.
En junio pasado, el Gobierno panameño aprobó cinco decretos con medidas laborales para ajustarlas a las normativas de la OIT, algo que para algunos sectores buscaba la ratificación de TLC con Estados Unidos.
Sobre los acuerdos para el intercambio de información financiera, así como el polémico asunto de los paraísos fiscales y los cambios a las sociedades anónimas, Álvarez mencionó que son temas coyunturales que responden a los resultados de la reunión del G-20 en abril pasado.
Panamá fue incluido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la "lista gris" de países dispuestos a colaborar en materia de intercambio de información financiera, pero que no han aplicado ninguna medida al respecto, y en su próxima reunión del 26 de junio podría sancionar a los que no han cumplido.
Según Álvarez, estudian con el equipo de transición del nuevo Gobierno cuáles son los próximos pasos que debe dar Panamá "en relación a la calificación y los requerimientos que se nos hacen por ser supuestamente paraísos fiscales, pero no necesariamente por la ratificación del TLC con los EE.UU.".
Panamá lanzará una ofensiva diplomática la próxima semana para tratar de llevar a las Naciones Unidas el debate sobre los paraísos fiscales y alejarlo de la OCDE, dijo Álvarez.
El 17 de julio de 2007, la Asamblea Nacional de Panamá ratificó el TLC con EE.UU., firmado ese mismo año, tras diez rondas de negociaciones que iniciaron el 18 de noviembre de 2003 y culminaron el 19 de diciembre de 2006.
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