Bruselas.- La cumbre que inicia mañana la Unión Europea debe resolver las importantes diferencias pendientes para la reforma del sistema de supervisión financiera e inmigración, aunque se espera un consenso fácil en el capítulo institucional.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. EFE/Archivo
En este apartado, los jefes de Estado y Gobierno comunitarios propondrán al portugués José Manuel Durão Barroso para un segundo mandato de cinco años al frente de la Comisión Europea y acordarán las garantías a Irlanda para que ese país celebre otro referéndum de ratificación del Tratado de Lisboa con más posibilidades de éxito.
El debate más importante de este Consejo Europeo de dos días será el económico y financiero, en el que los líderes de los Veintisiete repasarán la eficacia de las medidas tomadas contra la crisis y estudiarán la necesidad de nuevas acciones.
En este contexto, aunque los países de la UE están de acuerdo en la necesidad de establecer un nuevo sistema de supervisión financiera ya en 2010, sigue habiendo diferencias sobre el alcance de la reforma y las competencias que tendrán las nuevas instituciones de vigilancia.
A pesar del acuerdo en torno a los principios básicos "quedan cuestiones pendientes" sobre cómo se desarrollarán en la práctica, señaló hoy una fuente diplomática.
El Reino Unido lidera la oposición -en la que se sitúa también Eslovenia o Eslovaquia-, temeroso de ceder a nuevas autoridades supranacionales la capacidad para vigilar la City de Londres, el centro financiero más importante del continente y uno de los más relevantes del mundo.
La principal reticencia de los británicos se centra en que las nuevas autoridades europeas de supervisión -para los sectores de banca, bolsa y seguros- tengan poderes vinculantes cuando medien entre los supervisores nacionales (por ejemplo, al repartir las responsabilidades y cargas en caso de quiebra de una entidad con presencia en varios países).
Tampoco les convence que sea el presidente del Banco Central Europeo -en el que el Reino Unido no está representado, al no pertenecer al euro- el que lidere el nuevo Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, un órgano que se encargará de preservar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y emitir alertas y recomendaciones -no vinculantes- si detecta amenazas.
Los Veintisiete repasarán también la efectividad de las medidas adoptadas contra la crisis y estudiarán la idea de la Comisión Europea, que suscita recelos entre los estados contribuyentes, de adelantar 19.000 millones de euros del Fondo Social Europeo en 2009-2010 para la reinserción de trabajadores sin empleo, y de suprimir la obligación de cofinanciación nacional.
En inmigración, la mayoría de los países comunitarios sigue oponiéndose a que haya algún tipo de compromiso obligatorio en el futuro al reasentamiento de personas con estatuto de asilo, algo en lo que insisten Malta (el país más afectado por el importante número de asilados que acoge), Italia, Grecia y Chipre, con apoyo español.
En el apartado institucional, los dirigentes comunitarios aprobarán las garantías a Irlanda, que establecen básicamente que el Tratado de Lisboa no afectará a su soberanía en cuestiones de fiscalidad, defensa, familia y educación.
Una vez obtenidas esas garantías, el primer ministro irlandés, Brian Cowen, podría anunciar la fecha del segundo referéndum (lo más probable es que sea a finales de septiembre o comienzos de octubre), y en la UE se confía en que ahora hay más posibilidades de lograr la ratificación que se frustró en la primera consulta del año pasado.
"Queremos ayudar al Gobierno irlandés a tener éxito en el segundo referéndum", recalca una fuente comunitaria.
Los líderes de la Unión también alcanzarán de forma unánime un primer acuerdo político para que Barroso continúe otros cinco años más al frente de la Comisión Europea.
La UE no tiene aún totalmente claro cómo se ha de lograr la confirmación por el Parlamento Europeo, ya que se trata de un "proceso en evolución" según reconoce un diplomático, a fin de no repetir el trámite en caso de que el Tratado de Lisboa entre en vigor.
Según el consenso actual, la Eurocámara votará sobre Barroso en el pleno del 156 de julio y, si hay mayoría absoluta -requerida por el Tratado de Lisboa- el proceso culminaría ahí.
En el último gran apartado de la cumbre, los líderes avanzarán hacia la fórmula para repartir esfuerzos a escala internacional en la lucha contra el cambio climático.
También se hará un llamamiento a la Comisión Europea y los países de la UE para que concreten un calendario de actuación de cara a la cumbre de Naciones Unidas en Copenhague de finales de año.
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