Nueva York.- La agencia Standard & Poor's (S&P) mantuvo hoy las calificaciones de la deuda soberana a largo y corto plazo de Bolivia, que quedaron en "B-" y "C", respectivamente, en un informe en el que destacó las tensiones políticas que sufre el país.
La agencia de calificación recuerda que la economía de ese país depende mucho de factores externos. EFE/Archivo
La entidad estadounidense manifestó además en un comunicado de prensa que la perspectiva de esas calificaciones es "estable".
"Las calificaciones crediticias de la República de Bolivia están restringidas por un panorama político fragmentado", explicó la analista de S&P Lisa Schineller, quien destacó las "fuertes divisiones en los ámbitos regionales, sociales y étnicos" del país.
Según la analista, para la Administración del presidente del país, Evo Morales, "gobernar es una delicada y complicada tarea".
"El apoyo general de la población al Gobierno de Morales fue ratificado en enero de 2009 por la aprobación de la Constitución y en agosto de 2008 por un referéndum, pero el apoyo a los principales opositores también es fuerte. Esto complica la gobernabilidad", comentó.
La agencia de calificación recuerda que la economía de ese país depende mucho de factores externos, por lo que la recesión económica internacional afectará a su crecimiento durante este y el próximo año.
Según sus datos, en 2008 el superávit por cuenta corriente rondó el 12% del PIB y el de las administraciones públicas el 2%, mientras que este año se espera un déficit del 2% y del 3% en cada partida, respectivamente, debido a la caída de los ingresos por la bajada del precio del crudo y a un progresivo gasto público relacionado con las campañas electorales.
"Creemos que el ruido político y la división seguirán siendo elevados durante el próximo año a medida que el presidente Morales y la oposición se sumerjan en la campaña política de las elecciones generales de 2009", añadió Schineller.
Además, alertó de que "es probable que el Gobierno y la oposición choquen en los intentos de aprobar la legislación sobre la nueva Constitución, que incluye una mayor intervención del Estado en la economía".
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