Oviedo.- El Partido Popular ha pedido hoy la dimisión de los responsables políticos por su responsabilidad en la gestión de las obras de ampliación del puerto gijonés de El Musel, mientras que IU exige la paralización del procedimiento por supuestas irregularidades medioambientales.
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía (i), durante su comparecencia hoy en la Junta General del Principado para informar de la financiación de las obras de ampliación del puerto de El Musel-Gijón.
Concretamente, el PP solicita las dimisiones en el Consejo de Administración del Puerto de El Musel del consejero de Infraestructuras y la viceconsejera de Medio Ambiente, Francisco González Buendía y Belén Fernández, respectivamente, del director general de Transportes y Asuntos Marítimos, Julián Bonet, y del presidente de la Autoridad Portuaria, Fernando Menéndez Rexach, por su responsabilidad en la gestión de las obras de ampliación, que han sufrido importantes sobrecostes.
Por su parte, IU ha solicitado "la paralización del actual procedimiento" de ejecución de las obras porque "pone en riesgo la calidad de las aguas de la bahía de Gijón" y además "contraviene la declaración de impacto ambiental".
Buendía y Fernández han comparecido hoy en la Junta General del Principado para informar a cerca de la financiación de la ampliación de El Musel y de la situación en la que se encuentran las alegaciones de la propuesta de modificación del proyecto.
Según ha indicado el consejero, la fase de alegaciones aún no ha finalizado y las que se han presentado son "contundentes", ha señalado que el debate se debe a una "disparidad de criterios en materia de regulación de contratos públicos".
Mientras se establece una resolución definitiva de la Unión Europea en torno a la financiación de la ampliación, el Consejo de Administración del puerto ha solicitado un crédito de 60 millones para superar los problemas de liquidez que permitirá sufragar los gastos hasta febrero del próximo año, ha dicho Buendía.
El consejero ha descartado la posibilidad de incrementar las tarifas del puerto ya que "no interesa una revisión que haga a El Musel menos competitivos frente a otros puertos", y ha descartado la posibilidad de que haya que devolver parte de las subvenciones a la Unión Europea.
Buendía ha reconocido que El Musel también está en crisis y que se ha reducido el tráfico del puerto, pero se ha mostrado seguro de su recuperación una vez que comiencen los tráficos con ENCE, la autopista del mar y los prometidos por ArcelorMittal para el mes de julio, y el tráfico energético relacionado con la regasificadora y la ampliación de varias centrales térmicas próximas como la de Soto Ribera.
Por su parte, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha solicitado las dimisiones de los responsables políticos en el Consejo de Administración y ha afirmado que se está llevando a cabo "una gestión desastrosa" que ha calificado de "tomadura de pelo, engaño y atraco a mano armada".
Su compañera de partido, la también diputada Ana Barrientos, ha señalado que en el caso de Rexach ya se había aprobado en la Junta, con el apoyo de IU, una iniciativa que instaba al Gobierno regional a "separarlo de su cargo de forma inmediata", cosa que "aún no se ha producido", lo que sitúa al presidente del Ejecutivo asturiano "al margen de los mandatos del parlamento" regional.
El diputado por Izquierda Unida Francisco Javier García Valledor ha señalado que cada comparecencia de Buendía "constata el hecho y las sospechas de que la situación es sustancialmente peor que antes" en un proceso que "no está cerrado pero cada vez tiene menos salidas".
Valledor ha solicitado que se paralice el actual procedimiento de ejecución de las obras ya que, según ha denunciado, el relleno del puerto se está realizando de forma aérea, lo cual está explícitamente prohibido" por la declaración de impacto ambiental, con arenas y lodos con "importantes cantidades de mercurio".
Además, ha indicado que los cierres perimetrales de la zona donde se efectúa el relleno no están "perfectamente cerrados" como deberían, con lo que sumado a lo anterior se "pone en riesgo la calidad de las aguas de la bahía de Gijón".
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