Quito.- La Comisión Legislativa de Ecuador aprobó hoy el pedido del presidente Rafael Correa para que el país desestime el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Correa, reseñó que el convenio sobre el Ciadi fue aprobado por el Congreso Nacional el 7 de febrero de 2001, cuando dispuso "el sometimiento" del país a "la jurisdicción de ese centro". EFE/Archivo
La decisión, que se aprobó por 50 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, producirá la separación de Ecuador de ese tratado internacional, informó la Comisión en su página web.
Según César Rodríguez, vicepresidente del organismo legislador, la salida del Ciadi "significa la defensa de la soberanía de Ecuador para el manejo de sus relaciones económicas con otros estados o con empresas de otras nacionalidades".
El pasado viernes Correa pidió a la Comisión que desestimara el convenio por el que su país reconocía al Ciadi, en base a la nueva Constitución, aprobada en referendo en septiembre de 2008.
En su artículo 422, la Carta Magna ordena que "no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional".
Además, prohíbe la celebración de convenios en los que en el arbitraje se produzcan "controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas".
Correa, reseñó que el convenio sobre el Ciadi fue aprobado por el Congreso Nacional el 7 de febrero de 2001, cuando dispuso "el sometimiento" del país a "la jurisdicción de ese centro".
En esa época, el Congreso aceptó que el concepto de "jurisdicción" se aplicaría a "las diferencias de naturaleza jurídica" que surgieran "directamente de una inversión" entre dos Estados, que "hayan consentido, por escrito", someterse a la deliberación del Ciadi.
En la nueva Constitución se dispone que "la ratificación o denuncia (anulación) de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional, en los casos que atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional".
Por ello, el mandatario pidió a la Comisión que revisara el convenio y lo deslegitimara para proceder a la notificación oficial al organismo internacional.
A principios de junio, el presidente ecuatoriano aseguró que se prepara a nivel suramericano una estrategia para denunciar al Ciadi, al que calificó de "una barbaridad".
Al hablar recientemente sobre el Ciadi, vinculado al Banco Mundial, Correa dijo que, en torno a este, han ocurrido "cosas increíbles" en su país y en América Latina.
Correa recordó al Legislativo que ya a fines de 2007 la Cancillería notificó a la secretaria general del Ciadi de ese entonces, Ana Palacio, que Ecuador no aceptaría someter a la jurisdicción del centro las diferencias relativas al manejo de sus recursos naturales no renovables.
Quito ha sido demandando ante el Ciadi por algunas empresas, entre ellas la petrolera estadounidense Occidental (Oxy), con la que el Estado ecuatoriano dio por terminado un contrato al considerar que violó importantes cláusulas del mismo.
El Legislativo recuerda en su página web que las reclamaciones de empresas trasnacionales en contra de Ecuador, por la vía del Ciadi, superarían los 13.000 millones de dólares, lo cual significaría un grave perjuicio para el país.
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