El Gobierno excluye del diálogo a la mayor organización indígena peruana

Lima.-  La comisión de diálogo prevista para estudiar las demandas de las comunidades amazónicas en Perú excluirá a la mayor organización indígena de las conversaciones, en las solo estarán presentes líderes locales o "apus", dijo hoy el primer ministro Yehude Simon.

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En rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Simon explicó que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) "pateó el tablero" de las negociaciones con el Gobierno un día antes de los violentos sucesos del viernes pasado, a pesar de haberse comprometido en el diálogo.

Además, recordó que la Aidesep no reconocía a otros grupos representativos nativos, quienes tampoco le daban crédito, y que el Ejecutivo tuvo que rehacer las denominadas leyes de la selva a su pedido.

Ante esa situación y con el presidente de la Aidesep, Alberto Pizango, asilado desde el martes en la embajada de Nicaragua, tras los enfrentamientos que dejaron 33 muertos en la ciudad de Bagua, Simon anunció que se convocará a los "verdaderos apus".

"Se ha nombrado una comisión de trabajo donde están los presidentes regionales, el Gobierno central, los apus de los diferentes grupos amazónicos y, junto a ellos, la Defensoría del Pueblo, y las iglesias católica y evangélica para buscar una salida definitiva al problema de la amazonía", declaró Simon.

El jefe del gabinete dijo que los mismos nativos van a nombrar a sus "apus" y que estos nombres serán recogidos por los presidentes regionales para incluirlos en la mesa de negociaciones.

Sin embargo, anunció que la próxima semana recibirá en su oficina en Lima a algunos de los líderes locales que han manifestado su interés en participar, después de haberse reunido igualmente con los presidentes de cinco regiones de la selva.

Los representantes de la Aidesep han manifestado que Pizango seguirá siendo presidente de la agrupación, a pesar de que se prevé su próxima partida a Nicaragua, e insisten, al convocar hoy a un paro nacional, en la derogatoria definitiva de una serie de decretos que consideran dañinos a sus intereses.

Uno de ellos, el 1090, conocido como la "ley de la selva", fue suspendido ayer durante 90 días por el Congreso de la República, mientras se estudian las modificaciones a la nueva legislación, y para evitar un vacío legal se repuso la anterior ley forestal.

Según el Gobierno, el decreto 1090, que generó las protestas indígenas en la Amazonía, busca regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación.

No obstante, los pueblos indígenas de la Amazonía y varias organizaciones no gubernamentales sostienen que la norma fue aprobada sin el consentimiento de los nativos, en contra de lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).