Granada.- Un juez ha condenado a un total de cuatro años de prisión a los dos empresarios propietarios de la compañía constructora en la que murió un trabajador boliviano en un accidente laboral ocurrido en Maracena (Granada) en 2005 y ha absuelto a los otros cuatro acusados.
El hermano del trabajador boliviano fallecido en un accidente en Maracena (Granada), en febrero de 2005, junto a la sede de los juzgados de la capital granadina. EFE/Archivo
Para los dos dueños de la empresa, M.A.S., que ejercía como comercial de la empresa, y M.R.L., que se encargaba de supervisar los trabajos, el juzgado de lo Penal 6 de Granada condena a dos años de prisión a cada uno de ellos, un año por un delito contra la seguridad de los trabajadores y otro por homicidio imprudente.
Según el fallo, al que ha tenido acceso Efe, ambos condenados deberán además indemnizar de manera conjunta a la familia con 180.000 euros, cifra de la que responderá como responsable civil subsidiaria la empresa "Robles y Santiago S.L." y se condena también a la compañía aseguradora al pago de esa misma cifra.
Al arquitecto que trabajaba para la empresa, L.A.P., le absuelve de los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores, al igual que al hermano de uno de los socios y encargado de la obra, C.R.L., al que también absuelve de encubrimiento y omisión del deber de socorro.
También estaban imputados dos trabajadores, entre ellos la mujer del segundo socio, a los que se acusa de limpiar la sangre del fallecido y colocar las medidas de seguridad tras el accidente, aunque el juez les ha absuelto del delito de encubrimiento.
Las acusaciones, entre ellas las populares ejercidas por UGT y CCOO, pedían penas que oscilaban entre los dos y los catorce años.
El secretario general de UGT Granada, Mariano Campos, ha informado de que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial por considerarla "demasiado suave" y por no recoger, "ni de lejos" las expectativas creadas tras el juicio.
En este sentido, ha asegurado que el sindicato continuará persiguiendo una resolución judicial ejemplar, que sirva para que casos similares "nunca vuelvan a ocurrir".
Para los dos empresarios, los sindicatos UGT y CCOO, personados como acusación popular, pedían 13 años y 14 años y medio de prisión para cada uno, respectivamente, por los delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad e higiene en el trabajo, imposición a los trabajadores de condiciones laborales que perjudican sus derechos y emplear a extranjeros sin permiso de trabajo.
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