Zaragoza.- Funcionarios de los juzgados de violencia sobre la mujer de Zaragoza se han concentrado ante la consejería de Política Territorial, Justicia e Interior para exigir al consejero, Rogelio Silva, que intervenga para solucionar el conflicto laboral que mantienen desde enero.
El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva. EFE/Archivo
El representante del Comité de Huelga, Ricardo Bueno, ha recordado que hace tres semanas recibieron una oferta "económicamente pequeña", pero que estaban dispuestos a aceptar si se vinculaba a una cláusula para poner al día el retraso acumulado.
Sin embargo, en una reunión celebrada el 2 de junio, la consejería rechazó la cláusula y rebajó la oferta económica, que pasó de unos complementos de entre 130 y 170 euros, durante 2009 y 2010, a otros que rebajaban esas cifras entre 30 y 50 euros durante el próximo año.
En opinión de Bueno, tanto la denegación de la cláusula, que se aceptó en otros casos como el del juzgado de lo Social de Teruel, como la rebaja económica suponen un "castigo" por la huelga, que siembra la duda sobre "la verdadera voluntad del señor consejero y de quienes negocian en su nombre".
En este sentido, ha añadido que a la Administración "este conflicto le sale más barato que pagar a los funcionarios", quienes pierden mucho dinero con una huelga que comenzó a mediados de enero de forma intermitente y el 15 de abril pasó a ser indefinida.
En caso de que la intervención de Silva no se produzca, los funcionarios seguirán adelante con las movilizaciones, aunque garantizan que los servicios mínimos serán cumplidos "escrupulosamente" y que las decisiones urgentes serán atendidas.
Bueno calcula que, desde el inicio de la protesta, han podido quedar paralizados cientos de trámites, como declaraciones de testigos o víctimas o señalamientos de juicio, por lo que no cree que los juzgados puedan ponerse al día en menos de cuatro meses cuando la situación se desbloquee.
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