Contra Bolonia: primero fueron los filósofos y ahora los juristas

El movimiento de oposición a Bolonia en ocasiones se ha lamentado de que algunas autoridades universitarias y medios de comunicación transmitan una imagen de él como un fenómeno propio de jóvenes radicales y antisistema —desinformados en muchos casos— que prácticamente sólo buscan alterar la vida normal de las universidades españolas. Pero, ¿qué pasa cuando son centenares de destacados juristas y profesores universitarios los que le sacan pegas al plan de convergencia europea de títulos universitarios y a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior? En pocos días, el manifiesto 'Saquemos los estudios de Derecho del proceso de Bolonia' ha conseguido la adhesión de más de 600 firmantes, entre los que figuran nombres de la talla de Eduardo García de Enterría, Luis Díez-Picazo, Enrique Gimbernat o Manuel Atienza.

(EFE)

A los juristas no les gusta Bolonia.

Aunque el ministro Gabilondo ya ha dejado claro que Bolonia es hoy por hoy un proceso que no tiene vuelta de hoja, el documento asegura que el plan puede suponer para el Derecho "un paso atrás, seguramente irreversible, que determinará la degradación de las profesiones jurídicas y el empequeñecimiento de la aportación de los juristas a la organización de la convivencia y la estructuración de la sociedad española del siglo XXI". Los firmantes del texto, además, ponen la vista en Alemania, que "simplemente ha declinado la invitación europea de unirse a la aventura".

No es la primera vez que un colectivo determinado de profesores alza la voz contra la convergencia universitaria europea. De sobra es conocida la oposición que numerosos profesores de Filosofía han ejercido a la reforma. No es sólo que personajes como Fernando Savater o Adela Cortina hayan manifestado su preocupación —cuando no su decidida oposición— a este controvertido proceso que pretende transformar radicalmente la educación superior de nuestro país. Facultades como la de Filosofía en la Complutense se han convertido en verdaderos bastiones alrededor de los cuales se ha aglutinado el movimiento anti-Bolonia.

¿Hay algo en común entre las críticas de unos y otros? Sí. De hecho, el manifiesto que circula estos días entre juristas basa su existencia en una de las grandes quejas que planean sobre Bolonia: la sustitución de la universidad como campo donde cultivar el conocimiento por el conocimiento por un lugar donde obtener únicamente una formación excesivamente técnica, pragmática y enfocada al mercado laboral.

"El diseño de planes de estudio para la formación en derecho ignora el papel de los juristas en la compleja sociedad actual, y se dirige a fomentar un perfil inferior de profesional como mero aplicador mecánico de normas vigentes", dice el texto. Y, ¿en qué puede revertir este fenómeno? Según el manifiesto, en "la creación de un jurista menor, liviano y acrítico, con tendencia al pragmatismo de vía estrecha y a la docilidad". El lenguaje es enrevesado, pero el mensaje está claro: estos expertos no quieren una universidad que sea una máquina de licenciados —graduados, con el nuevo sistema— excesivamente técnicos y profesionalizados pero cuya formación teórica sea endeble.

Una de las ideas que más profusamente han difundido los defensores de Bolonia es que la universidad debe adecuarse a los nuevos tiempos y prestar un servicio a la sociedad. Esto significa que el conocimiento que en ella se crea y transmite tiene que revertir en algún tipo de beneficio para la ciudadanía. Los antibolonia ven en este razonamiento el riesgo de que ese 'beneficio' se convierta en mero provecho para las empresas.

¿Y los docentes qué opinan? "Estamos de acuerdo en que la universidad no puede vivir al margen de la sociedad y sus necesidades, pero no queremos juristas sin una formación amplia y crítica", dice Andrés Boix, firmante y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universitat de Valencia, en cuyos despachos el manifiesto ha encontrado un apoyo contundente. "Nos preocupa porque son las personas que van a articular la relación entre los estados y los ciudadanos y entre los propios ciudadanos", añade. "Una formación rebajada y poco profunda acaba generando técnicos más sumisos, fáciles de manejar y menos provechosos socialmente".