Activistas reclaman el cumplimiento de la orden de arresto contra Bachir

Naciones Unidas.-  El Consejo de Seguridad de la ONU debería hacer cumplir la orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Sudán, Omar Al Bachir, incluso mediante la imposición de sanciones, reclamaron hoy activistas de derechos humanos.

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(EFE)

El Gobierno de Jartum se ha negado a entregar a su líder, Omar Al Bachir, que acusó al tribunal internacional de ser una marioneta de los intereses occidentales. EFE/Archivo

El director de justicia internacional de Human Rights Watch (HRW), Richard Dyker, instó al Consejo de Seguridad a aprovechar la comparecencia el viernes del fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para presionar a Sudán a que entregue a Bachir, junto a otros dos dirigentes sudaneses sobre los que también pesa una orden de arresto.

El Gobierno de Jartum se ha negado a entregar a su líder, que acusó al tribunal internacional de ser una marioneta de los intereses occidentales y consiguió que la Unión Africana (UA) solicite la suspensión por un año del caso.

El pasado 4 de marzo, la Corte Penal Internacional ordenó el arresto del presidente sudanés por crímenes de guerra y lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur, pero desestimó el cargo de genocidio.

"El hecho es que cientos de miles de habitantes de Darfur han muerto, han sido violados y se les ha desplazado por la fuerza de sus hogares", señaló hoy el activista en una conferencia de prensa en la sede de la ONU.

Para evitar que esos crímenes queden impunes, el Consejo de Seguridad debe obligar a Jartum a entregar los acusados al Tribunal de La Haya, con la imposición de sanciones si hace falta, resaltó.

"Podrían imponer prohibiciones de viajar a algunos individuos, la congelación de bienes y una disminución del nivel de los contactos diplomáticos", indicó.

Dyker consideró que los intentos de la UA para que el máximo órgano de la ONU suspenda el procesamiento de Bachir "han fracasado", al tiempo que acusó a Argelia y Libia de promover "la patraña" de que la CPI es antiafricana.

Recordó que fue el Consejo de Seguridad, mediante la resolución 1.593 de 2005, el que instruyó a la fiscalía de la CPI que investigara los crímenes cometidos en Darfur.

Por su parte, el exiliado sudanés Omer Ismail destacó que la orden de arresto contra Bachir emitida el pasado 4 de marzo "es el acontecimiento más importante para acabar con la impunidad y alcanzar una verdadera paz" en el conflicto iniciado en 2003.

"Llevamos siete años en esta situación y ya es hora de que la comunidad internacional nos ayude a poner fin a este conflicto y llevar a Bachir ante la justicia", apuntó el activista, fundador de la ONG Apoyo a la Paz y al Desarrollo en Darfur.

Ismail advirtió de que el Gobierno sudanés hace todo lo que puede para "perder tiempo" respecto al proceso judicial de la CPI, mientras sigue insistiendo a través de sus aliados para que se suspendan los procedimientos en La Haya.

"La comunidad internacional debe poner fin a los sinsentidos de Jartum, porque no hay paz sin justicia", agregó.

El conflicto de Darfur se inició cuando en febrero de 2003 dos grupos insurgentes se levantaron en armas contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.

Desde su inicio, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.