La mitad de Trabajos en Beneficio de la Comunidad pendientes cumplir por falta de plazas

Murcia.-  La mitad de los Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) que dictan los juzgados de lo Penal de la Región se quedan pendientes de cumplir por falta de plazas, por lo que hoy la Federación de Municipios ha dado un impulso para que a partir del verano las citadas condenas se realicen de forma más ágil.

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(EFE)

El delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar. EFE/Archivo

Esta mañana se ha celebrado un encuentro entre el presidente de la FMRM, Miguel Ángel Cámara; el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar; el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya; el fiscal jefe Manuel López Bernal, y la subdirectora general de coordinación territorial del ministerio del Interior, Carmen Archanco.

Cámara indicó que el motivo del encuentro ha sido establecer el mecanismo adecuado que permita realizar un TBC en lugar del ingreso en prisión de los condenados por determinados delitos, para lo que habría que articular acuerdos de colaboración con los ayuntamientos.

El presidente del TSJ señaló que las 6.596 medidas penales TBC del año pasado, están pendientes de cumplirse 3.600, a lo que hay que sumar los 743 expedientes registrados desde enero al día de ayer.

El citado "desbordamiento" se debe en parte a la proliferación de los delitos desde 2003, a las últimas reformas que incluyen pena de cárcel por alcoholemia para los conductores, y a que la oferta de plazas para este tipo de trabajos era en Murcia la quinta parte de las que se necesitarían.

Las corporaciones hasta el año pasado cotizaban a la Seguridad Social por el penado que hacía sus labores para el ayuntamiento, si bien un cambio normativo ha hecho que sea el ministerio del Interior quién pague desde entonces esa cotización, lo que podría animar a las corporaciones a sumarse en mayor medida a este programa.

El 75 por ciento de las TBC corresponden a delitos de seguridad vial, la mayoría alcoholemias, y el 25 por ciento restante son casos de hurtos, insultos o amenazas en general o incluso en casos de violencia de género en los que el juez entienda que la función reeducativa, ejemplarizante e integradora que contiene el espíritu de estos trabajos sea mas conveniente que su ingreso en prisión.

El 21 por ciento de las personas que cumplen estos trabajos tienen estudios universitarios, la mitad poseen cualificación profesional y más del 70 por ciento están trabajando.

Representantes de los ayuntamientos de Murcia, Lorca y Cartagena se reunirán la semana próxima con representantes de los ministerios de Justicia y del Interior para la elaboración de un catálogo de ofertas de trabajos en beneficio a la comunidad, ya que mas de la mitad de los casos de TBC corresponden a las ciudades mas importantes de la Región.

Los ayuntamientos se ocupan de la gestión de los trabajos, el asesoramiento, el seguimiento y la asistencia a los penados, mientras que Instituciones Penitenciarias lleva a cabo la supervisión.

Se trata de actividades no remuneradas que no sustituyen puestos de trabajo ni compiten en el mercado laboral y deben compaginarse con las obligaciones laborales de quien cumple la medida.

El abanico de actividades sociales es muy diverso y van desde el apoyo a discapacitados físicos y psíquicos en residencias y albergues, a programas de inserción sociolaboral, de drogodependencias o de búsqueda de empleo; a la ayuda en comunidades terapéuticas, eventos deportivos, o campañas de prevención ante el consumo de drogas o alcohol, así como campañas de alfabetización o español para extranjeros, de educación vial, socorrismo o primeros auxilios.

El fiscal jefe advirtió que no se trata de trabajos forzados, por lo que el condenado tiene que aprobar la tarea que se le plantea como sustitutiva de prisión.

En una segunda fase los ministerios de Interior y Justicia entablarán acuerdos con las ONGs para ampliar el abanico de trabajos, y así el presidente del TSJ estimó necesaria la creación de una red social en ejecución de estas penas.

La subdirectora general de coordinación territorial del ministerio del Interior, Carmen Archanco, afirmó que "cualquiera de nosotros" podemos estar en esa situación de TBC ya que un nivel de alcohol que supere el 0,6 "es un consumo bajo" y el perfil de la persona que lo infringe es normalizado e integrado en la sociedad.

Los asistentes a la reunión destacaron que se trata de una medida igualitaria frente a otras sanciones penales, como por ejemplo la multa, ya que las personas que cumplen trabajos en beneficio de la comunidad no dependen de su capacidad económica, así como el que se cumplan en libertad, evitando la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado, o que promociona valores como la solidaridad, la responsabilidad o el bien común.