Despierta el debate sobre la "narcopolítica" en la campaña electoral mexicana tras el arresto de alcaldes

México.-  El arresto de diez alcaldes y 18 funcionarios por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia en México reabrió hoy en plena campaña electoral el debate sobre la relación del hampa con los políticos y cómo hacer frente al crimen organizado desde instancias locales, estatales y federales.

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(EFE)

Fotografía de policías federales que participaron en el operativo donde fueron detenidos 10 alcaldes y 18 funcionarios públicos.

Aunque la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) rechaza categóricamente que tras la operación lanzada en Michoacán haya algún móvil político, los partidos exigen al Gobierno imparcialidad en este tipo de operaciones.

El próximo 5 de julio los mexicanos acudirán a las urnas para renovar los 500 escaños de la Cámara de los Diputados, para elegir a cinco gobernadores, alcaldes y diputados locales en varios estados del país, entre los que no está Michoacán.

En la campaña, iniciada el 3 de mayo, el Partido Acción Nacional (PAN), del presidente Felipe Calderón, enarbola como bandera el combate frontal al crimen y criticado con dureza al Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México de forma ininterrumpida desde 1929 a 2000, por no afrontar este problema en el pasado.

En este contexto, y tras la importante operación de ayer, el gobernador michoacano, Leonel Godoy, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprochó hoy que el Gobierno federal no le hubiera puesto al tanto de la misma.

El presidente de su partido, Jesús Ortega, le respaldó y exigió "que las autoridades encargadas de perseguir a los delincuentes no tomen en cuenta militancias políticas o partidistas".

"¿Qué demandamos? Elemental coordinación y una actitud imparcial en la actuación de las policías e instituciones federales", añadió.

Lo cierto es que los diez alcaldes arrestados hasta el momento pertenecen al PRI (6), al PRD (2) y al PAN (2).

Esta mañana legisladores del PRI apoyaron la operación en Michoacán contra la red que servía a La Familia, pero criticaron el modo en que se materializó.

"Creemos que es una lucha permanente entre los gobiernos estatales, de cualquiera partido que sea, con las autoridades federales y no puede hacer o tener un trato distinto", dijo a Efe la diputada Elizabeth Morales, portavoz del PRI en la Comisión Permanente.

También se mostraron críticos varios analistas consultados por Efe, como José Fernández Santillán, del Tecnológico de Monterrey (TEC), que consideró "una medida distractora" que el Gobierno "golpee Michoacán y no vaya a Morelos", otro estado donde ha habido denuncias de infiltración del narcotráfico en las instituciones estatales y donde gobierna el PAN.

"Obviamente, aunque lo niegue el Gobierno, la acción tiene un tinte absolutamente electoral", dijo Fernández.

José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo que la supuesta instrumentalización de la PGR, dependiente del Ejecutivo, no era totalmente descartable, como ocurrió en 2005 con el intento de desafuero del entonces alcalde del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, del PRD.

"Yo no podría decir si hay intencionalidad electoral, no lo descartaría. Además, recordemos que no consultaron al gobernador (Godoy)", señaló.

Para el analista, una consecuencia de acciones como la de ayer será "un mayor alejamiento de los ciudadanos de las urnas" en los próximos comicios, más que "favorecer a un partido" en concreto.

Además, la organización no gubernamental (ONG) México Unido Contra la Delincuencia demandó que el proceso se conduzca "con absoluta transparencia".

También exhortó "a los gobiernos estatales a que inicien espacios de colaboración" con las autoridades federales para extender "a todos los niveles" las investigaciones contra el crimen organizado.

Finalmente, llamó "a las diversas fuerzas políticas" de México a que "la contienda electoral no contamine ni frene la acción del Estado contra la delincuencia organizada y que mucho menos suponga una obligada tregua o periodo de gracia" para los carteles de la droga, causantes el año pasado de la cifra récord de 6.000 asesinatos.