La Paz.- La única magistrada que continuaba en el Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia presentó hoy su renuncia porque el Consejo de la Judicatura redujo el presupuesto de este órgano, objeto de constantes críticas del Gobierno de Evo Morales desde 2007.
La situación del Tribunal Constitucional agrava la crisis del Poder Judicial en Bolivia, donde la Cámara de Diputados aprobó recientemente la suspensión del presidente de la Corte Suprema. EFE/Archivo
La magistrada Silvia Salame dijo a Efe desde la ciudad de Sucre, sede del poder Judicial boliviano, que "al acoso y al maltrato" que sufre el TC desde hace dos años se ha sumado ahora una drástica disminución del presupuesto, al pasar de 1,8 millones de dólares a 300.000.
Salame estaba sola en el TC desde febrero de 2008 por las sucesivas renuncias a partir de 2007 de sus otros cuatro miembros, algunos de ellos presionados por una demanda por presunta prevaricación que presentó en su contra el Ejecutivo.
"Yo no puedo ser cómplice del Gobierno en hacer creer al mundo entero que en este país hay control constitucional. En el último tiempo se han violado los derechos constitucionales de varios ciudadanos y se está gobernando por decreto", dijo Salame.
Al igual que ha denunciado la oposición, Salame acusó al Gobierno de Evo Morales de haber provocado la dimisión de los magistrados del TC para dejar "sin control constitucional" las reformas políticas que se están aplicando en el país.
El presidente boliviano ha acusado varias veces al poder Judicial de corrupción y a sus miembros de ser afines a los partidos que los nombraron en el Congreso en anteriores legislaturas, unas críticas que los magistrados siempre han rechazado.
"En ese estado de cosas yo no puedo continuar", sostuvo Salame, al criticar también al Congreso por no haber cumplido con su obligación de designar a los magistrados en los cargos vacantes para que el país tenga otra vez control constitucional.
La crisis que desde hace dos años vive el Tribunal Constitucional de Bolivia ha provocado, entre otros efectos, la acumulación de más de 4.000 demandas pendientes de resolver que afectan a unos 27.000 ciudadanos, según datos de Salame y de la prensa de Sucre.
La magistrada además criticó que haya sido el Consejo de la Judicatura, que también se encuentra con un solo juez, el que haya reducido el presupuesto del Tribunal Constitucional.
Salame envió hoy al Congreso Nacional su carta de renuncia, donde se establece un plazo de transición hasta el 26 de junio, cuando la dirección del Tribunal será entregada a un órgano interino.
La situación del TC agrava la crisis del Poder Judicial en Bolivia, donde la Cámara de Diputados aprobó recientemente, con los votos mayoritarios del partido de Morales, la suspensión del presidente de la Corte Suprema Eddy Fernández.
En ese caso, el argumento del oficialismo contra Fernández fue el retraso deliberado del juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por el "genocidio" del "octubre negro" de 2003, en el que más de 60 personas murieron víctimas de la represión militar a una ola de protestas sociales.
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