Marbella (Málaga).- El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha subrayado ante el juez que en 2000 firmó la escritura de adjudicación de una vivienda de titularidad municipal a una empresa dado que constaba la certificación del interventor sobre una deuda del Ayuntamiento con dicha sociedad.
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz a su salida el pasado jueves del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella. EFE/Archivo
El ex regidor ha comparecido hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella para declarar como imputado por los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación en un procedimiento en el que también están encausados el ex concejal Antonio Luque y el representante legal de la empresa a la que se adjudicó el inmueble.
En su declaración, Muñoz ha destacado que como teniente de alcalde firmó la escritura pública de adjudicación del inmueble para abonar una deuda de 120.000 euros contraída por el Consistorio con una empresa, débito avalado por el interventor municipal, según señalaron a Efe fuentes judiciales.
El ex alcalde ha explicado además en su comparecencia que desconoce cualquier cuestión en torno a una posible manipulación previa de las deudas, según las mismas fuentes.
Esta causa tiene su origen en la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Marbella en virtud del informe del Tribunal de Cuentas en el que se consideran injustificados dos apuntes contables referidos a dos supuestas deudas del Consistorio con sendas empresas por importe de unos 60.000 euros cada una.
Ambas deudas fueron adquiridas por otra empresa, Riegos y Jardines 2002, que se convirtió así en acreedora del Ayuntamiento de un débito cercano a los 120.000 euros.
Dicha deuda fue certificada por el interventor municipal, en virtud de la documentación remitida por el concejal de Hacienda, Antonio Luque, y para amortizarla el Consistorio marbellí adjudicó a la citada empresa un inmueble.
El Ayuntamiento mantiene que los apuntes originales de las deudas se corresponden con provisiones de fondos por valor de 15.000 y 20.000 pesetas para una procuradora y "fueron suplantados" por los dos débitos de 60.000 euros, "incluyendo unas obligaciones inexistentes cuyos pagos no han sido autorizados en ningún momento".
El interventor municipal, que compareció como testigo el pasado abril por esta causa, asevera en su declaración judicial que cree que fue el ex edil Antonio Luque "quien ha alterado la relación de obligaciones".
En la declaración, a la que ha tenido acceso Efe, el interventor asegura que Luque le requirió para que firmara la certificación de reconocimiento de la deuda a favor de Riegos y Jardines 2002 y destaca que "no llegó a imaginarse que los datos de la contabilidad habían sido alterados y manipulados de esa manera tan agresiva".
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