Quito.- El Frente de Defensa de la Amazonía, que encabeza una demanda contra la petrolera Chevron-Texaco por contaminación en la Amazonía ecuatoriana, denunció hoy que la empresa financió un estudio para "demostrar que el vertido de miles de millones de galones de aguas tóxicas no es causa de cáncer".
La petrolera enfrenta una demanda de 27.000 millones de dólares por un presunto caso de contaminación ambiental y la exigencia de limpieza de la zona y la reparación de los daños causados a la población. EFE/Archivo
La organización, que representa a unos 30.000 indígenas y colonos ecuatorianos presumiblemente afectados por las actividades de la petrolera, denunció en un comunicado que "la empresa que condujo el estudio tiene fuertes vínculos con Samuel Armacost, miembro del directorio" de la compañía estadounidense.
De acuerdo con el Frente, Armacost sería "el mayor accionista de Exponent Inc., una consultora científica pro industria que fue contratada por Chevron para ejecutar un estudio sobre las tasas de cáncer en la Amazonía ecuatoriana".
El estudio, titulado "Mortalidad por Cáncer y Producción de Petróleo en la Región Amazónica del Ecuador, 1990-2005", concluía que las tasas de cáncer en el área operada por Texaco, "son consistentes con las tasas de cáncer del resto del país, e inclusive menores a la ciudad de Quito", explica la organización.
"Los críticos notaron enseguida que el estudio tenía fallas esenciales, en cuanto hacía uso de certificados de defunción para medir el cáncer en áreas de selva aisladas, donde la gran mayoría de muertes nunca son registradas y donde la mayoría de enfermos nunca pueden ver a un doctor", añade el Frente.
La organización ecologista señala que, de ese modo, Chevron pudo "minimizar el número de muertes por cáncer y concluir que las tasas de cáncer no habían aumentado", lo que a su juicio, contradice otros estudios en la región "que concluyen que las tasas de cáncer en el área se han elevado considerablemente debido a la contaminación".
La petrolera estadounidense enfrenta una demanda de 27.000 millones de dólares por un presunto caso de contaminación ambiental en la que los demandantes le exigen la limpieza de la zona y la reparación de los daños causados a la población por sus actividades entre 1975 y 1995.
Además, denuncian que han aumentado los casos de cáncer entre los pobladores de la región donde operó la compañía y que algunas comunidades indígenas han tenido que trasladarse huyendo de las aguas contaminadas.
En el texto, los demandantes explican que dentro de los 27.000 millones de dólares que exigen, aproximadamente 9.000 millones son para compensar a los pobladores por 1.401 muertes causadas por cáncer debido a la contaminación, de acuerdo con estimaciones periciales presentadas en el juicio.
Por su parte, James Craig, abogado defensor de la petrolera, calificó, el pasado 29 de abril, como "fraudulento" el juicio ambiental, que se realiza en la Corte de Justicia de Sucumbíos, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, y denunció "injerencia política" en el proceso.
Craig instó a los demandantes a presentar los casos de cáncer y no a hacer informes basados en "una encuesta social hecha a los pobladores con preguntas como cuánto cree que debe recibir de la empresa por las enfermedades causadas".
El juicio contra la petrolera se sigue desde hace más de una década y los demandantes prevén que la sentencia se dicte este año.
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