Miami (EE.UU.).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó hoy su preocupación por una condena por difamación en Uruguay contra el periodista Álvaro Alfonso como "consecuencia directa" de una "legislación penal vetusta".
Enrique Santos, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifestó su preocupación por la forma reiterada con la que se aplican en Uruguay leyes contrarias a la jurisprudencia interamericana sobre de libertad de expresión y de prensa. EFE/Archivo
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, dijo que, más allá del derecho que tienen las personas de recurrir a la justicia, preocupa que en forma reiterada se apliquen en ese país leyes contrarias a la jurisprudencia interamericana sobre de libertad de expresión y de prensa.
En Uruguay, la legislación incluye los delitos de difamación, injurias y desacato contra funcionarios públicos.
Un proyecto de ley que elimina la penalización de los "delitos de comunicación" recibió media sanción en el Senado, pero permanece en estudio en la Cámara de Diputados.
El pasado 6 de mayo, el periodista Álvaro Alfonso fue condenado por el juez penal Rolando Vomero por el delito de "difamación", luego de un juicio que promovió el legislador oficialista Carlos Tutzó.
Ese congresista se sintió agraviado por lo que el periodista relató en "Secretos del Partido Comunista del Uruguay", un libro que publicó el año pasado, informó la SIP en un comunicado.
Alfonso cuenta en el libro que durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985) Tutzó, actual dirigente comunista y legislador departamental por Montevideo, "colaboró" con los militares en la identificación de compañeros suyos mientras estuvo detenido.
El reportero atribuyó su información a "fuentes militares" y agregó que, según sus datos, en el Partido Comunista del Uruguay (PCU) "hay dudas" sobre la conducta de Tutzó, agregó la SIP, con sede en Miami.
En el dictamen del juez Vomero se dijo que Alfonso había atribuido en su libro al actual dirigente comunista "haber colaborado con los militares durante la tiranía" y eso "ofende al denunciante de cualquier manera", puesto que quedó expuesto "al odio y al desprecio público".
A juicio del magistrado, "resulta evidente que atribuirle un acto desleal, casi de traición a una persona, es ofenderle su honor".
La condena de Alfonso no incluye prisión, pero el juez dispuso agregar la sentencia a "la planilla de antecedentes".
El periodista apeló la sentencia y ahora deberá fallar un tribunal superior.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, del diario tejano San Antonio Express-News, recordó que hay una tendencia favorable a la desaparición del desacato.
Añadió que ese tema está explícitamente recogido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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