Brasilia.- El Gobierno brasileño confirmó hoy que extenderá el programa Bolsa Familia, mediante el cual subsidia a las personas más pobres, a aquellas familias que viven en las calles, a campesinos sin tierras, indios y a otros colectivos de baja renta.
Fotografía de archivo de un hombre pidiendo una limosna en una calle de Río de Janeiro. EFE/Archivo
El ministro de Desarrollo Social y Combate al Hambre, Patrus Ananias, declaró que la intención es reforzar el combate a la pobreza que se ha propuesto el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y negó que haya intenciones "electorales" escondidas en esa decisión.
Dirigentes de oposición han afirmado que la ampliación del plan de subsidios a la pobreza persigue "amarrar votos" de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre de 2010 y criticado además que los planes del Gobierno apuntan a eliminar las condiciones establecidas para que una familia acceda al programa.
Ananias rebatió esas críticas y aseguró que, a través de una mejor distribución de renta, el Gobierno apunta a reducir las tasas de hambre y pobreza y a fortalecer la "formación de ciudadanos", que con una mejor vida también tendrán un mayor acceso a la educación.
"De esa manera se forman ciudadanos, incluso para que voten con una mayor conciencia", indicó el ministro en una entrevista con el canal de televisión GloboNews.
Hasta ahora, el programa Bolsa Familia atiende a cerca de 11 millones de familias, que reciben subsidios equivalentes a unos 90 dólares por mes bajo la condición de que los miembros menores de 17 años frecuenten la escuela.
Sin embargo, según admitió Ananias, esas condiciones no serán exigidas para las personas que viven en la calle, ni para los campesinos sin tierra, indígenas y los otros colectivos que serán integrados al plan.
El ministro reconoció también que el Gobierno aún no sabe cuántas personas serán incorporadas al programa, pues no hay datos fieles sobre el número de familias que viven en las calles o los campesinos acampados.
"Esas personas tienen que ser localizadas y se está haciendo un esfuerzo para identificarlas", explicó Ananias, quien apuntó que en el caso de quienes viven en las calles será necesario establecer un domicilio legal, que podría ser el de alguna oficina de asistencia social.
Según los cálculos del ministro, en una fase inicial, que iría hasta octubre próximo, deberán ser incorporadas al programa cerca de 600.000 personas.
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