Se busca (otra vez) por el caso Couso: Gibson, Wolford y Camp

Tras seis años de vaivenes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a dar un empujón a la investigación sobre la muerte del cámara de Telecinco José Couso. El Sargento Thomas Gibson, el Capitán Philip Wolford y el Teniente Coronel Philip de Camp vuelven a estar procesados al encontrarse "indicios razonables" de que pudieron haber cometido crímenes de guerra. Ya lo estuvieron hace dos años, pero su procesamiento fue desestimado por la sala de lo penal de la propia Audiencia Nacional, dando un paso atrás en la investigación. El gesto de Pedraz vuelve a poner este caso en el punto donde se encontraba hace dos años. Hablamos con Javier Couso, hermano de José, que nos explica cuáles son, en su opinión, los retos a los que se enfrenta este caso ahora que ya no está en la Casa Blanca George Bush, cuya administración se negó en redondo a colaborar, impidiendo que los soldados acusados llegasen a declarar en algún momento.

(EUROPA PRESS)

La familia no ha dejado que el caso caiga en el olvido.

El auto de revocación que apartó a los militares estadounidenses de la investigación reprochaba al juez haber tenido en cuenta los indicios desfavorables para los militares. Según la sala de lo penal, se estaban obviando todas las pruebas que podían exculparlos, para llegar a la conclusión de que el disparo del carro de combate contra el hotel era una represalia o amenaza con la intención de aterrorizar a la población. Sin embargo, el auto de Pedraz, hecho público hoy, no puede ser más contundente. En él se asegura que Gibson fue "la persona que dio la orden directa de disparar" a pesar de que que no había constancia de "la existencia de 'francotirador' u 'ojeador' u 'observador enemigo' ni disparo alguno, anterior o posterior a los hechos, procedente del tejado u otra parte del Hotel Palestina, contra las tropas norteamericanas".

¿Qué ha cambiado en este tiempo? Según Javier Couso la revocación "fue una pantomima", en la que intervinieron muchos factores, entre ellos, los obstáculos puestos, según él, por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Ha pasado un año desde entonces, en los que se han aportado varias pruebas y los testimonios que han contribuido a esclarecer algunos aspectos sobre lo que ocurrió aquel 8 de abril de 2003. Con todo, el caso vuelve prácticamente al punto en el que se encontraba hace dos años.

Entre las pruebas están las declaraciones como testigos de los que en esos momentos eran ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, respectivamente: Federico Trillo y Ana Palacio. Además, se han incorporado los testimonios a los medios del general Gonzalo Jar que, dice Couso, "por su condición de general conoce muy bien el derecho internacional sobre crímenes de guerra". Cruciales también han sido las declaraciones de la soldado Adrienne Kinne, en las que aseguraba que "el Hotel Palestina fue designado como objetivo militar", y que sostuvo que se enfrentó a sus mandos para no acatar la orden de atacar el hotel Palestina.

Pero el final del caso no parece vislumbrarse. En 2006 estuvo a punto de ser archivado, pero la familia del cámara recurrió ante el Tribunal Supremo, consiguiendo detener su archivo. ¿Y el siguiente paso? "Lo que nosotros queremos es que se llame a declarar a los procesados", cuenta Couso, que ahora espera que esto de pie a "una orden de busca y captura internacional", que impida que los acusados puedan salir de su país, algo que ya ocurrió en 2005 y en 2007, dos peticiones que fueron fulminantemente desestimadas. "Además nosotros no queremos que vayan a la cárcel directamente, sino que se sean juzgados, se defiendan y si salen absueltos acataremos la sentencia", sostiene.

Para que esto se haga realidad, "es necesario que Cándido Conde-Pumpido deje de obstaculizar sistemáticamente el proceso y de defender a unos militares extranjeros", afirma Couso, para quien "hay una condescendencia total de España con un país que se supone que es aliado y con el que hay convenios bilaterales sobre esta materia". El hermano del cámara muerto en Irak acusa sin tapujos al Gobierno de obstaculizar la resolución del caso a través del fiscal general del Estado que, según él, prometió que pondría todas las facilidades a la resolución del caso en el momento en que el Tribunal Supremo declarara a la Audiencia competente para juzgar estos hechos.

El relevo en la presidencia de Estados Unidos no ha despertado las esperanzas de la familia de Couso de que la investigación sufra un giro radical. "De momento no hemos visto nada que nos haga pensar que va a haber un cambio con Obama", observa Couso, quien opina que la prensa está transmitiendo una "falsa esperanza" sobre el caso.

No obstante, la familia se muestra optimista. "El hecho de que después de seis años un proceso tan complejo siga abierto es una hazaña". Couso recuerda que "es el único caso de estas características que está abierto en estos momentos", ya que no existe ningún otro proceso contra soldados estadounidenses por crímenes contra la humanidad. Además de las diligencias que se están llevando a cabo, que se han encontrado con muchas trabas pero que poco a poco siguen adelante, Couso cree que el secreto es que el caso de la muerte de Couso es más sangrante que otros, simplemente "porque es uno de los primeros crímenes de guerra de los que tenemos documentos audiovisuales".