El Senado de EE.UU. aprueba una ley que impone restricciones a las emisores de tarjetas de crédito

Washington.-  El Senado de EE.UU. aprobó hoy por abrumadora mayoría un proyecto de ley que, en aras de proteger a los consumidores en tiempos de recesión, impone restricciones a los bancos y demás compañías que emiten tarjetas de crédito en el país.

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(EFE)

Los senadores demócratas Christopher Dodd (i), Charles Schumer (2do izq), Robert Menéndez (2do der) y Carl Levin (d), explican, durante una rueda de prensa en el Capitolio de Washington DC, las implicaciones de una ley aprobada por el Senado sobre la emisión de tarjetas de crédito.

Con 90 votos a favor y 5 en contra, el Senado aprobó la medida patrocinada por el demócrata Christopher Dodd para proteger a los consumidores de los abusos y prácticas "engañosas" de los bancos y compañías que confieren tarjetas de crédito.

El líder de la mayoría demócrata de la Cámara Alta, Harry Reid, aseguró que con este proyecto de ley "los grandes bancos ya no podrán aprovecharse de los estadounidenses que trabajan duro".

La medida cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. El jueves pasado, el presidente Barack Obama dijo que espera promulgar la ley antes del receso por el feriado del "Día de la Conmemoración", el próximo 25 de mayo.

Tras su aprobación, Dodd, presidente del Comité de la Banca del Senado, dijo en un comunicado que se trata de "una victoria para cada consumidor estadounidense que haya sufrido en manos de una compañía de tarjeta de crédito".

El proyecto de ley, que debe ser armonizado y aprobado en su versión final también por la Cámara de Representantes, exige que las compañías apliquen medidas de protección al consumidor "firmes y fiables", tengan reglas "justas y transparentes", y ofrezcan información al cliente libre de ambigüedades, explicó Dodd.

La iniciativa impone un plazo de nueve meses para que las compañías modifiquen los términos en que otorgan tarjetas de crédito.

Entre otros elementos, la medida protege a los consumidores de un incremento arbitrario en las tasas de interés, cuotas y demás cargos de financiación, y prohíbe que los bancos suban los intereses con base en el historial de pagos atrasados que el cliente tenga con otra institución bancaria.

Además, exige que las entidades bancarias apliquen los pagos del cliente a los balances con las tasas de interés más alto primero, y prohíbe que cobren intereses cuando un balance ha sido saldado en su totalidad en el ciclo anterior.

Los bancos también tendrán que permitir que los clientes paguen sus cuentas en línea o por teléfono, sin cobrarles una cuota adicional por esa conveniencia.

También tendrán que avisar a los clientes, con 45 días de anticipación, sobre cualquier cambio en las tasas de interés, para que el cliente tenga suficiente tiempo de revisar los nuevos términos.

Los bancos sí podrán incrementar los intereses de forma retroactiva si el cliente lleva al menos 60 días de retraso en sus pagos mensuales, y podrán restablecer la tasa de interés original si, después de un pago atrasado, el cliente mantiene un buen historial de pagos durante seis meses.

Además, la ley protege a los estudiantes de las tácticas que utilizan algunos bancos. Eso sí, los menores de 21 años que soliciten tarjeta de crédito deberán demostrar que son capaces de pagar el monto prestado o de que sus padres se harán cargo de la deuda si ellos no pueden hacerlo.

La legislación no impone límites en las tasas de interés ni restringe las tácticas de mercadeo de los bancos para incentivar el uso de las tarjetas de crédito, como querían algunos legisladores.

Aún así, líderes del sector bancario, algunos representados por la Asociación de Banqueros Estadounidenses, se manifestaron en contra de la medida porque, a su juicio, ésta podría acelerar la contracción del crédito disponible y elevaría los costos en que incurren los bancos para otorgar crédito sin colateral.

Al final, se impuso una realidad política: de cara a los comicios legislativos de 2010 y en medio de una grave crisis económica, los legisladores quieren enviar la señal a sus votantes de que el Congreso vela por sus intereses.