Zaragoza.- La Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón ha cerrado en sus quince meses de vida cinco de los diez procesos ciudadanos abiertos para diseñar, entre otras, la Ley de Servicios Sociales, en trámite parlamentario, o la Estrategia para el Cambio Climático.
Antonio Suárez, portavoz del grupo popular en las Cortes de Aragón. EFE/Archivo
Así lo ha destacado hoy el responsable de la Dirección General, Ignacio Celaya, en una comparecencia ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, a petición del PP.
Hasta ahora se han puesto en marcha diez procesos de participación, cinco de ellos terminados sobre la Ley de Servicios Sociales, los planes integrales de Cooperación al Desarrollo y de Inmigración, los criterios en la adjudicación de las viviendas protegidas y la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático.
Actualmente, están abiertos los procesos para la elaboración del decreto de derechos y deberes de los alumnos, un plan de participación para el Departamento de Salud o la Ley de Función Pública.
En este tiempo, ha precisado, más de setecientas entidades han participado en los distintos procesos y más de quince direcciones generales en más de cuarenta sesiones de debate y 150 horas de trabajo.
El reto más importante al que se enfrenta la Dirección General, ha apuntado Celaya, es tener diseñado, para el final de la legislatura, un modelo legislativo sobre la participación, para asegurar que los ciudadanos cuenten con instrumentos que así lo garanticen más allá del signo político del Gobierno de turno.
Sin embargo, para el portavoz del PP, Antonio Suárez, el Gobierno de Aragón "cree poco" en la participación ciudadana, la calidad democrática y la transparencia, como a su juicio evidencia que el presidente, Marcelino Iglesias, "no se digne" a comparecer ante las Cortes para dar explicaciones sobre la trama de corrupción de La Muela (Zaragoza) o la falta de información a los grupos de la oposición.
Celaya ha insistido en que ha sido el Gobierno PSOE-PAR el que por "convicción" ha puesto en marcha esta Dirección General y que como tal sólo existe en Aragón, aunque otras cinco comunidades autónomas llevan a cabo políticas de participación ciudadana.
Y depende, ha especificado, del Departamento de Presidencia, para dotarla de transversalidad, uno de los retos más importantes para construir políticas públicas.
Para Celaya, la participación va a ser un instrumento "imprescindible" para poder construir políticas públicas en el siglo XXI por convicción, por "conveniencia" o por "coacción", porque la legislación, especialmente la europea, obliga a poner en marcha procesos de participación.
"Tenemos un instrumento realmente significativo, novedoso y potente" y el objetivo de la Dirección General, ha indicado, es propiciar la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, que la ciudadanía sea "cómplice" y "responsable" y aporte sus "sueños" para "poder tomar mejores decisiones".
En ese sentido, ha remarcado que no se trata de poner en cuestión quién toma las decisiones, sino de demostrar que "es posible tomar mejores decisiones si logramos generar inteligencia colectiva".
La creación de la Dirección General, ha agregado, ha sido posible gracias a la reforma del Estatuto de Autonomía, a la convicción del Gobierno de Aragón y porque en sólo quince meses se ha logrado "la complicidad" de políticos, técnicos y ciudadanos en este "esfuerzo de seducción".
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