La Fiscalía pide entre 7 y 18 años a 9 miembros de la célula que enviaba mujahidines a Irak

Madrid.-  La Fiscalía pide entre 7 y 18 años de cárcel para nueve presuntos integrantes de dos células islamistas que enviaban mujahidines a Irak, entre ellos el que perpetró el atentado suicida contra la sede de los Carabinieri en Nasiriya en el que murieron 19 italianos, el 12 de noviembre de 2003.

(EFE)

La fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado. EFE/Archivo

Estas dos células fueron desarticuladas simultáneamente en Madrid y Cataluña en la operaciones "Chacal" y "Camaleón" desarrolladas en 2006, un año después de desarticular en la llamada "operación Tigris" otra red de envío de mujahidines a Irak, hechos por los que la pasada semana la Audiencia Nacional absolvió a 10 de sus 14 presuntos integrantes.

En su escrito de acusación, la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado explica que ambas células "desarrollaban su actividad con plena independencia entre sí, pero bajo la común coordinación" del principal procesado, Omar Nakcha, quien supuestamente ayudó a huir a Irak desde Turquía y Siria a tres autores del 11-M: Mohamed Belhadj, Daoud Ouhane y Mohamed Afalah.

Aunque Nakcha está considerado el líder de ambos grupos (por lo que se enfrenta a 12 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente), la fiscal pide la pena más elevada para Mohamed Mrabet Fashi (19 años), al que acusa, además de pertenencia, de un delito de inducción al suicidio con fines terroristas.

Mrabet Fashi, según la fiscal, "asumió el liderazgo" de la célula catalana, radicada en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, y se dedicó al adoctrinamiento y reclutamiento de jóvenes en torno a la mezquita de Al Furkan en esa localidad.

En concreto, Mrabet condujo al suicidio en Irak a Bellil Belgacem, el argelino que perpetró el atentado suicida contra la sede de Carabinieri, así como a Hassan Hssisni, autor de otra acción terrorista en ese país el 22 de enero de 2005.

Ambas células se dedicaban también a la obtención de fondos para Irak y para financiar las actividades del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) en Europa, para lo que disponían de un entramado económico con diferentes "negocios pantalla".

Algunas de las pruebas que esgrime la fiscal para sustentar su acusación se basan en comunicaciones de los procesados a través de correos electrónicos.

Precisamente, las irregularidades en las intervenciones de correos electrónicos determinaron la semana pasada la absolución de diez de los 14 procesados en la llamada "operación Tigris", en la que en 2005 fue desarticulada una red dedicada al envío de muyahidines a Irak, entre ellos algunos autores del 11-M.

En esa sentencia, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reprochaba tanto a la Policía, como a los instructores -los jueces Baltasar Garzón (que también ha instruido esta nueva causa) y Fernando Grande-Marlaska- y a la fiscal Dolores Delgado la falta de garantías adoptadas en la obtención de esas pruebas, lo que había anulado su valor probatorio.