Salud regulará la obligatoriedad de los dispositivos de bioseguridad

Pamplona.-  Navarra redactará una Orden Foral para regular la obligatoriedad de los dispositivos de bioseguridad en la sanidad para evitar los pinchazos accidentales, a pesar de que es la Comunidad con mayor número de enfermeras por población, lo que supone que éstas tienen menos riesgo de contagio.

La consejera de Salud, María Kutz, se ha comprometido hoy, durante las inauguración de las Jornadas sobre "la seguridad frente al contagio sanguíneo en el ámbito sanitario", a aprobar la norma sobre bioseguridad, de forma que Navarra se suma a las cuatro comunidades autónomas donde ya es obligatorio el uso de dicho material.

El presidente del Consejo General de Enfermería de España, Máximo González, quien ha explicado que hace años se contagió de Hepatitis B mientras trabajaba ya que entonces no tenían protección, ha señalado que ahora se están produciendo avances en la legislación, ya que "es muy importante tanto la protección del paciente como del personal sanitario".

Ha apuntado que el primer paso para reducir el riesgo lo dio Estados Unidos, y ha indicado que en España se está implantando "el uso de dispositivos, la formación del personal" y "la creación de un observatorio para procesar, investigar y mejorar la práctica".

González ha apuntado que en España "tan sólo se declaran el 45% de los siniestros que se producen", y ha apuntado que cuando un profesional tiene cualquier tipo de herida éste tiene la obligación de comunicarlo para la adopción de medidas.

Ha añadido que el dispositivo reduce el riesgo de que se produzcan pinchazos accidentales aunque "quedan algunos elementos de riesgo" ya que "desgraciadamente para el bisturí no se ha conseguido una retractilidad", por lo cual tanto cuando se interviene como después cabe la posibilidad de que se produzcan cortes accidentales, aunque sí se dispone de contenedores específicos en los que depositarlos.

Asimismo ha apuntado que "es muy importante la formación de los profesionales en el uso de los dispositivos" ya que "donde se utilizan los materiales de seguridad tiene un 85% de protección", mientras que "si no se recibe un entrenamiento adecuado del profesional que trabaja con dichos dispositivos la protección se reduce en un 35%".

Además, ha considerado como "fundamental" que cada comunidad autónoma ponga en marcha un observatorio en el que se establezcan unos protocolos para registrar todos los incidentes que se produzcan.

Por su parte, el presidente del Colegio de Enfermería de Navarra, Pablo de Miguel, ha indicado que en la Comunidad foral en el año 2008 se tiene constancia de "249 contagios leves", y "44 considerados graves" por pinchazos accidentales.

González ha comunicado que Navarra "es la comunidad autónoma con mayor numero de enfermeras por población con lo cual el riesgo disminuye", y ha apuntado que "por cada enfermera de Murcia hay tres en Navarra".

Ha añadido que está a la cabeza de España y en la media más alta de la Unión Europea, con 9 profesionales por cada mil habitantes mientras que la media española es de 5,3 y ha apuntado que en el conjunto del país hay 240.000 enfermeras, por lo que para llegar a la media de la Comunidad foral "hoy harían falta 140.000 más".

Además González ha insistido en que el uso de material punzante con dispositivos de seguridad "no se regula jurídicamente por su coste, del que los gestores huyen" pero ha matizado que el coste de los profesionales que se pinchan, el tratamiento al que se les somete, y sus bajas laborales suponen 44 millones de euros mientras que el incremento de seguridad para toda la nación supone 11 millones de euros.

Ha concretado que en conjunto el tratamiento a los profesionales accidentados en la comunidad ha supuesto al Sistema Navarro de Protección Social y Sanitario 564.937,86 euros, mientras que el coste incremental de la incorporación de los dispositivos de seguridad supondría 150.972,97 euros.

Por último, ha añadido que se desconoce la fecha exacta en la que se aprobará la orden, pero ha considerado que una vez publicada en el Boletín Oficial se implantará en un plazo de tres meses y "será de obligado cumplimiento para la sanidad privada y para la pública".