El Ayuntamiento de Palma negociará con cuatro compañías de bajo coste la supresión de 3 cláusulas

Palma.-  El Ayuntamiento de Palma entablará contacto con los responsables de cuatro compañías aéreas de bajo coste que operan en Baleares para negociar la supresión de tres cláusulas abusivas que han detectado en sus contratos o de lo contrario se plantea demandar a las aerolíneas para que las eliminen.

Un informe elaborado por el Instituto Municipal de Protección al Consumidor ha detectado tres cláusulas que considera "nulas por abusivas o desleales" en las condiciones generales de contratación de cuatro compañías aéreas de bajo coste, según ha explicado en una rueda de prensa la teniente de alcalde de Relaciones Institucionales, Turismo, Comercio y Consumo, Joana María Borràs.

Según ha explicado Borràs, en el caso de que las compañías no accedieran a eliminar dichas condiciones de sus contratos, el Ayuntamiento de Palma las demandaría ante los tribunales, de forma que sería la primera Administración pública en hacer uso de su legitimación legal para demandar por esta cuestión.

Borràs no ha desvelado cuáles son las cuatro aerolíneas que aplican dichas cláusulas. El informe elaborado por el instituto municipal ha estudiado a las 16 compañías aéreas que operan en Baleares, de las que 8 son de bajo coste, y en la mitad de ellas se han detectado dichas irregularidades.

La primera de las cláusulas es aquella por la que las aerolíneas cobran un suplemento por transportar equipaje, algo que encarece la tarifa ofrecida inicialmente al consumidor, cuando "según la Ley de Navegación Aérea es algo que ya está incluido en las obligaciones" de las compañías, según ha señalado Borràs.

El suplemento por pagar con tarjeta de crédito también encarece el precio inicial y es una cláusula considerada "nula de pleno derecho" por los juristas que han llevado a cabo el informe.

En tercer lugar, en caso de controversia entre el viajero y la compañía, estas aerolíneas han incluido una cláusula de sumisión por la que establecen que los tribunales competentes para dirimirla no están en territorio español.

"Nos hemos encontrado con cláusulas que establecen por ejemplo que serán competentes para dirimir los juzgados de Inglaterra y Gales, jurisdicción exclusiva de las Cortes inglesas o los tribunales de Hannover, en Alemania", ha detallado Borràs.

El informe considera esta práctica abusiva porque una resolución del Tribunal Supremo establece que en los contratos de adhesión, como es el caso de los billetes aéreos, "no puede haber dicha cláusula de jurisdicción" y de haber proceso judicial "se tiene que poder plantear en el domicilio del consumidor", ha dicho Borràs.

La responsable municipal de Consumo ha subrayado que "no es intención del Ayuntamiento empezar a presentar demandas". El primer objetivo es ponerse en contacto con los responsables de las compañías, explicarles las cláusulas detectadas e "invitarles a eliminarlas de sus contratos".

"El objetivo es poder alcanzar un acuerdo" con las aerolíneas para que firmen "un convenio de buenas prácticas" con el Ayuntamiento.

Con esta medida, Cort pretende "proteger los intereses de los ciudadanos" y también "los de otras empresas de transporte que sí cumplen buenas prácticas y sufren competencia desleal".

Según Borràs, ninguna administración competente en consumo ha recurrido a esta vía de demandar, para la que están legitimadas por la Ley de Protección del Consumidor.

Ha detallado que hay "muchas quejas y denuncias" al respecto, pero hasta ahora solo han dado lugar a la apertura de expedientes que finalizan con una sanción.

Ha advertido de que, si finalmente hubiera "una demanda para pedir a los jueces que obliguen a las compañías a eliminar las cláusulas" la decisión judicial tendría efectos "en todo el territorio español".

Tras haber analizado a las compañías de bajo coste, el Instituto Municipal de Protección al Consumidor de Palma, creado hace un año, estudiará a las compañía de seguros, bancos y empresas de telefonía móvil, "los cuatro sectores donde claramente los ciudadanos necesitan una mayor protección", según Borràs.