Huelva.- Abogados de Huelva especializados en materia de extranjería se han reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, al que le han puesto de manifiesto lo que entienden como "criterios abusivos" y funcionamiento "muy deficiente" de la Oficina de Extranjería en Huelva.
Abogados de Huelva especializados en materia de extranjería se han reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo (en la imagen), al que le han puesto de manifiesto lo que entienden como "criterios abusivos" y funcionamiento "muy deficiente" de la Oficina de Extranjería en Huelva. EFE/Archivo
En declaraciones a EFE, Fernando Osuna, representante del Bufete Osuna y portavoz del colectivo, ha indicado que en el encuentro, celebrado ayer le manifestaron que desde hace uno o dos años "se están produciendo una serie de atropellos a los extranjeros que, a nuestro entender, constituyen verdaderos abusos de poder de la Administración".
Estos atropellos, ha apuntado, consisten en la imposición de criterios de organización, exigencias "desorbitadas" a la hora de presentar documentos y otras muchas cuestiones, que se aplican "en base a normativas internas que no tienen ningún fundamento jurídico, y que constituyen un auténtico ataque a los derechos de los extranjeros en España e incluso a su dignidad".
Ha manifestado que para trámites y notificaciones que con un simple poder notarial al abogado ahorraría al extranjero tener que desplazarse hasta la Oficina, "los obligan a estar presentes al entender que no es válido, cuando se trata de un instrumento recogido en la ley y en ella nos apoyamos".
Lo más reciente, ha explicado, es que no se permite al extranjero presentar la documentación para solicitar un arraigo social si no está presente el empresario que firma el contrato de trabajo y se compromete ante el funcionario a garantizar el año de trabajo por el que oferta el empleo que presenta el extranjero, una cuestión ésta "laboral y de competencia de la Inspección de Trabajo".
Estos "atropellos" se aplican "en base a normativas internas", tal y como explica el propio funcionariado, no tienen ningún fundamento jurídico, y constituyen un auténtico ataque a los derechos de los extranjeros en España e incluso a su dignidad, ha afirmado el letrado.
Según Osuna, el Defensor del Pueblo ha sido "muy receptivo" en todos los puntos planteados y "ha manifestado su compromiso en estudiar los problemas y en actuar frente a las instituciones en defensa de estas personas".
Ahora, según ha explicado, una vez recibida la queja Chamizo deberá enviar oficios "no sólo a la Oficina de Extranjería, sino también a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, solicitando documentación para comprobar esas anomalías".
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