Madrid.- Tres miembros de Falun Gong, movimiento que denunció en 2004 al líder chino Jia Qinglin por supuestos delitos de genocidio y torturas, han comparecido ante el juez Ismael Moreno para contarle que las torturas a las que fueron sometidos se deben a la falta de libertad religiosa que existe en China.
Miembros del grupo religioso budista Falun Gong, tachado de secta por el Gobierno chino y perseguido en el país desde 1999, protesta frente a la embajada de China en Kuala Lumpur (Malasia) la semana pasada. EFE/Archivo
Además de estos tres testigos, el juez de la Audiencia Nacional, que instruye la causa después de que en junio de 2006 el Tribunal Supremo ordenara investigarlo, ha escuchado hoy también al disidente político chino Wei Jingsheng, que hace dos días compareció ante el juez santiago Pedraz que desde agosto investiga a siete responsables del Gobierno chino por los disturbios en el Tíbet en marzo de 2008.
Al término de su comparecencia, Lu Shiping ha relatado a Efe que estuvo encarcelada durante dos años (de 2001 a 2003) en los que fue sometida a todo tipo de tortura, así como maltrato psicológico que "minaron" su persona.
"La Audiencia Nacional ha dado un primer paso enorme investigando nuestras denuncias", ha apuntado Lu, que ha añadido: "las víctimas que sobreviven a esas torturas tiene que lanzar la voz por las que están sufriendo en silencio".
Por su parte, Wei, que ha sido candidato en siete ocasiones al Premio Nobel de la Paz, ha considerado que la persecución que sufren los miembros de la práctica religiosa Falun Gong es consecuencia de la falta de libertades que impera en China, "donde existe una sociedad democrática bajo un régimen dictatorial".
La querella, en relación con la muerte de seguidores de Falung Gong entre 1999 y 2002, fue presentada en septiembre de 2004 por quince personas contra Jia Qinglin, presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino y ex secretario del Comité Municipal del Partido Comunista en Pekin.
Este movimiento espiritual cifra en más de medio millón el número de personas asesinadas, y más de 3 millones de torturadas en campos de trabajo, además de crímenes de extracción masiva de órganos internos para utilizarlos en trasplantes a occidentales.
El Partido Comunista chino persigue esta práctica espiritual desde que en 1999 la Asamblea Nacional Popular la declaró ilegal y prohibió todas sus actividades, por considerarlo como una amenaza para la seguridad del Estado y fomentar la superstición al causar numerosas muertes de enfermos, que rehusaron los métodos de la medicina convencional.
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