Madrid.- El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está estudiando "individualmente" una solución a la inseguridad jurídica de núcleos urbanos gallegos situados a menos de cien metros del litoral y ha dicho que la Ley de Costas no impide su "mantenimiento y conservación".
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno que se celebró ayer en el Senado.
Así ha respondido Espinosa en el Pleno del Congreso a la pregunta de la diputada del BNG Olaia Fernández sobre las soluciones que ha previsto el Gobierno, a la hora de recurrir la disposición segunda de la Ley de Vivienda de Galicia, para núcleos urbanos singulares e históricos situados a lo largo de la costa gallega a menos de cien metros del límite del litoral.
La ministra de Medio Ambiente ha explicado que existe "cierta confusión" en torno a este asunto y ha subrayado que los propietarios de los bienes y terrenos situados dentro de la llamada zona de servidumbre de protección "pueden vivir" donde lo hacen actualmente porque siguen siendo sus dueños.
También pueden realizar obras de reparación, conservación y mejora de sus viviendas, con la única limitación, ha precisado, de no aumentar su volumen y contar con las licencias necesarias para ello.
La Ley de Costas prevé, con carácter general, que la servidumbre de protección deba tener una anchura de 100 metros desde el límite del litoral y sólo permite, de forma excepcional, que tenga una anchura de 20 metros en aquellos terrenos que ya estuvieran clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la normativa del 29 de julio de 1988.
Sin embargo, el pasado 17 de abril, el Consejo de Ministros aprobó recurrir ante el Tribunal Constitucional la disposición adicional segunda de la Ley de Vivienda de Galicia, que fija que esta anchura excepcional de veinte metros se extienda a otro tipo de supuestos urbanísticos, porque "desvirtúa" la Ley de Costas.
Por tanto, ha indicado Espinosa, el recurso se interpuso porque dicha disposición "podría vulnerar" las competencias estatales al determinar "cuándo y cómo" se aplica la Ley de Costas.
Con independencia de si en los núcleos urbanos afectados la zona de servidumbre es de 100 o 20 metros, ha dicho la ministra, la entrada en vigor de la Ley de Costas "no impide su mantenimiento, pervivencia y conservación".
Olaia Fernández, sin embargo, ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesan los vecinos de Marín y las zonas de Loira, Aguete o Teoira, que "llevan muchos años batallando" contra la Ley de Costas y que "sólo quieren vivir" donde siempre lo han hecho, "sin miedo" a posibles sanciones.
Espinosa ha reconocido que existe "una determinada inseguridad" en cuanto a posibles ampliaciones de las edificaciones, una cuestión que, ha apuntado, su departamento estudia "individualmente" con los municipios afectados.
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