Bogotá.- Unos contratistas del Estado colombiano financiaron con 2.000 millones de pesos (855.212 dólares) la campaña que busca la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe por la vía del referendo, denunciaron hoy en Bogotá fuentes parlamentarias opositoras.
Unos contratistas del Estado colombiano financiaron con 2.000 millones de pesos la campaña que busca la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe por la vía del referendo. EFE/Archivo
Ese dinero fue aportado por "las más grandes empresas concesionarias de vías y las compradoras de etanol, y en general las principales empresas de la ingeniería colombiana", afirmó el senador Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
En un comunicado divulgado por el servicio de prensa del Senado, el legislador puntualizó que "mientras las personas comunes y corrientes aportaron 160 millones de pesos (68.17 dólares), los contratistas del Estado aportaron 2.000 millones de pesos".
Petro hizo la denuncia luego de que una delegación parlamentaria interrogara en la sede del Legislativo al ex embajador Luis Guillermo Giraldo, responsable de la campaña en favor de la reelección y hasta hace poco secretario del Partido Social de Unidad Nacional, más conocido como Partido de la U.
En esta condición, Giraldo promovió el año pasado una campaña de recolección de firmas de ciudadanos partidarios de la continuidad de Uribe por vía del referendo, para reformar el artículo de la Constitución que le impide al gobernante concurrir a una segunda reelección.
La iniciativa está en manos del Congreso, que ya en 2005 enmendó por primera vez la Carta Magna para permitir que Uribe, que llegó al poder en 2002, pudiera ser reelegido en 2006.
Según Petro, que prevé presentarse como candidato presidencial en las elecciones de 2010, "el jefe del Estado (Uribe) financia la campaña para cambiar la Constitución, para permitirse la posibilidad de ser elegido, con dinero público, a través de los contratistas que tienen contratos con el Estado".
"Estamos ante una clara elusión de la ley por parte de quienes realizaron la recolección de firmas: la financiación con contratos públicos", insistió el congresista.
La denuncia es la segunda sobre la financiación de la campaña de firmas para el referendo que se conoce en las semanas recientes.
Hace poco, el detenido empresario David Murcia Guzmán, creador del consorcio comercializador DMG, sostuvo que su conglomerado aportó más de 5.000 millones de pesos (casi 2,14 millones de dólares) a los promotores de la iniciativa electoral, que lo desmintieron.
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