Cataluña, la segunda autonomía más cara para familias con algún discapacitado

Barcelona.-  El sobreesfuerzo económico que realizan las familias catalanas con un miembro con discapacidad intelectual oscila entre los 19.687 y los 34.829 euros al año, el segundo más importante en España después de Baleares, debido al alto coste de la vida y la insuficiencia de las ayudas públicas.

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(EFE)

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez (d), conversa con la consejera catalana de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila (i), momentos antes de presidir hoy por primera vez el Consejo Territorial de Dependencia, que debatió el reparto de los fondos (1.558 millones de euros) entre las comunidades autónomas para desarrollar la ley de dependencia.

Esta es la principal conclusión del estudio económico sobre los costes de la discapacidad intelectual en toda España elaborado por la Confederación española FEAPS, pro personas con discapacidad intelectual, y que se ha presentado hoy de manera simultánea en diferentes ciudades, entre ellas Barcelona.

En Cataluña viven cerca de 40.000 personas con discapacidad intelectual, de las 227.000 de toda España, y el estudio cuantifica en euros el coste extra que suponen para sus familias, dado que el 87% reside en casa y sólo el 13% lo hace en centros residenciales.

Para ello, se ha utilizado como indicador el sobreesfuerzo económico, que no significa gasto, y que cuantifica tanto los costes de hora de atención de la familia para realizar las actividades diarias, como los gastos de transporte, higiene, ropa y ocio, además del copago de servicios, y los llamados costes de oportunidad, el dinero que la familia y el individuo ha dejado de ganar.

En Cataluña, el sobreesfuerzo anual es de 34.639 euros de media, frente a los 32.942 de el conjunto de España, cifra que desciende hasta los 19.271 euros si se descuenta el llamado coste de oportunidad, mientras que en Cataluña es de 19.687 euros.

Una parte de los costes de oportunidad se deriva de la renuncia a ingresos de las familias con un discapacitado intelectual, ya que uno de los miembros del 26% de estas familias no puede plantearse trabajar; mientras que un 11,5% ha dejado de hacerlo, y un 12,4% ha pedido reducción de jornada laboral.

A la suma de estos factores, los autores del estudio han restado las ayudas y subvenciones que reciben las familias, así como el coste de las plazas residenciales que las administraciones públicas destinan al colectivo de personas con discapacidad intelectual.

Los costes para la familia varían en función del perfil de la persona con discapacidad, y oscilan entre los 993 euros/mes si tiene una discapacidad leve, 1.041 si es moderada, 2.958 si es grave y vive en una residencia y 2.958 si residen en la casa familiar.

Xavier Masllorens, director general de la federación catalana pro personas con discapacidad intelectual APPS, que aglutina a 260 entidades, ha subrayado hoy que estos datos demuestran que "la discapacidad intelectual tiene un coste económico" y que las familias con un miembro en estas condiciones están discriminadas dado que el esfuerzo de las administraciones es insuficiente.

"Nosotros no pedimos un Estado provisor que deje de lado la responsabilidad de la familia. No se trata de eso. El problema es que el peso económico que tiene que soportar la familia va mucho más allá de lo que sería razonable", afirma Masllorens.

Según el estudio, una familia catalana con un miembro con este tipo de discapacidad recibe prestaciones por un valor de 4.265 euros anuales si se trata de un afectado leve -frente a los 3.116 euros de media española-; percibe 18.597 euros si la discapacidad es moderada -16.374 en España-; y 17.042 si es severa en residencia -14.585 en España- y 14.521 si es severa pero vive en casa -15.124 en España-.

En el terreno de las subvenciones, las familias catalanas reciben 396 euros al año en el caso de un discapacitado leve y moderado -550 de media en España para los leves y 626 para los moderados-; y 5.068 para los severos que viven en residencia -1.190 en España-; así como 358 si viven en casa -522 en España-.

Respecto a las deducciones, en general éstas son más altas en España que en Cataluña.

Masllorens ha alertado además de que la crisis está pasando factura en especial a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, entre otros motivos porque los centros especiales de trabajo tienen cada vez más problemas para sobrevivir, dejando en la calle a personas que dejan de recibir un sueldo.

"Los ERES en este sector son imperdonables", ha dicho Masllorens, que reclama una política más sensible con la necesidad de insertar laboralmente a los discapacitados intelectuales, porque es la vía más fácil de la integración social.