Guatemala.- Los líderes del Gobierno y la sociedad civil de Guatemala suscribirán mañana un acuerdo nacional de seguridad, por medio del cual pretenden reducir los altos niveles de violencia que afectan a esta nación centroamericana.
El pacto, según explicó a la prensa el vicepresidente Rafael Espada, establece "acciones inmediatas" que serán implementadas por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y la Dirección General del Sistema Penitenciario. EFE/Archivo
El Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia será el esfuerzo conjunto más ambicioso acordado por los guatemaltecos desde 1996, cuando el Gobierno y la antigua guerrilla firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra interna de 36 años que desangró al país.
"No se trata de fórmulas mágicas para resolver el problema de la inseguridad, violencia e impunidad de la noche a la mañana, sino de la 'hoja de ruta' a seguir para dar pequeños pasos, pero seguros, para lograr esos objetivos", dijo hoy a Efe uno de los asesores en materia de seguridad del mandatario Álvaro Colom, que participó en la elaboración del plan y que pidió el anonimato.
El convenio, que contempla 101 medidas de corto, mediano y largo plazo para combatir "de forma coordinada y comprometida" la violencia y criminalidad, será suscrito por los presidentes de los tres poderes del Estado.
También será firmado por la Fiscalía, los líderes de los partidos políticos, las iglesias, universidades y las organizaciones de la sociedad civil de Guatemala.
El pacto, según explicó a la prensa el vicepresidente Rafael Espada, establece "acciones inmediatas" que serán implementadas por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y la Dirección General del Sistema Penitenciario.
Este acuerdo surgió de una propuesta de seguridad presentada meses atrás al Gobierno de forma conjunta por la estatal Universidad de San Carlos, la Procuraduría de los Derechos Humanos y los líderes de las Iglesias católica y evangélica del país, para detener la ola de violencia que cada día, en promedio, se cobra la vida de 17 personas.
"El presidente vio en esta propuesta una iniciativa importante de la sociedad civil, que coincide plenamente con su visión sobre la forma en que se debe abordar el tema de la seguridad el país", precisó el asesor de Colom.
El documento, que será suscrito en un acto especial que se realizará en el Teatro Nacional de Guatemala, contempla la aprobación, en el mediano plazo, de al menos una docena de leyes para dotar de mayores recursos jurídicos a las instituciones encargadas de impartir justicia.
Según el asesor presidencial, "la seguridad debe asumirse como una responsabilidad de todos los sectores sociales, no solo del Gobierno".
Por eso, dijo, en el acuerdo "se definen con claridad las acciones y políticas que cada institución o grupo deben realizar" para lograr el objetivo.
El aumento de la pobreza, que afecta al 51% de los 13,3 millones de guatemaltecos, y la debilidad de las instituciones del Estado encargadas de prestar seguridad e impartir justicia han servido de caldo de cultivo a las bandas del crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas juveniles para operar con altos niveles de impunidad.
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