El Consejo de Cuentas detecta errores en contratos hechos por la Junta en 2004

Valladolid.-  Varios contratos adjudicados por la Administración autonómica en 2004 presentaron irregularidades en aspectos como su forma de asignación, la fecha de contratación, su modificación o la concesión de prórrogas.

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(EFE)

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Pedro Martín, ha comparecido hoy en las Cortes para explicar el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad y del Fondo de Compensación Interterritorial del ejercicio 2005 y de la contratación de la Comunidad Autónoma en 2004.

Así lo desprende un informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León, presentado hoy en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León por el presidente del Consejo, Pedro Martín.

El documento advierte de que se ha incumplido la obligación de comunicar al registro público más del 5 por ciento de los contratos expedidos por la Junta de Castilla y León en 2004.

Este porcentaje asciende al 10 por ciento en las consejerías de Hacienda, Familia e Igualdad de Oportunidades, Economía y Empleo y Sanidad.

La memoria informa de que hay una ausencia de vinculación entre la información que ofrece el Registro Público de Contratos y la del sistema contable de la Comunidad, lo que origina una falta de eficacia del sistema de seguimiento de la ejecución de los contratos.

Asimismo, detecta fallos en la adjudicación de los contratos tramitados por procedimiento abierto y cuestiona algunos de los criterios utilizados para su asignación y seguimiento.

En 2004, se tramitaron en la Comunidad 880 contratos por valor de 880 millones de euros, de los que el 44,15 por ciento correspondieron a obras, el 21,15 a suministros, el 5,29 a consultoría y asistencia, el 22,45 a servicios y el 6,97 a contratos administrativos especiales.

El 79 por ciento se adjudicó mediante concurso, el 16,04 por procedimiento negociado y el 4,95 por subasta.

Subraya que la resolución de asignación de estos contratos no se incorporaron los criterios de adjudicación que se tuvieron en cuenta.

Por su parte, recomienda que se corrija el hábito de que sea el propio beneficiario del contrato el que pague la inserción de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), algo que es contrario a la normativa vigente.

El documento indica que en el 85 por ciento de los contratos tramitados por procedimiento negociado no se justificó su procedimiento de elección y no quedó suficientemente acreditado que el adjudicatario fuera el único que pudiera realizar la prestación.

Afirma que es necesario que se fomente la coordinación en materia de contratación para evitar la aplicación de criterios distintos según el órgano público que elabore el contrato.

Respecto al análisis de la cuenta general de la Comunidad del ejercicio de 2005, el presidente ha trasladado a la Comisión de Hacienda la recomendación de elaborar una serie de normas para que la información que cada consejería utiliza en su propio inventario de bienes sea homogénea con el fin de facilitar la obtención de una imagen fiel del inmovilizado no financiero del sector público.

El portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Jesús Encabo, ha indicado que la Junta ya ha elaborado un registro de estos bienes de inmovilizado, en respuesta a la necesidad detectada por este informe.

Martín ha enumerado una serie de "limitaciones" en la cuenta general, como la falta de las cuentas anuales de los consejos de la Juventud y Consultivo, y de las fundaciones General de la Universidad de Salamanca, Hospital Clínico Veterinario, para la Enseñanza de las Artes y de la Investigación del Cáncer.

Ha expuesto que en la documentación presentada por la Comunidad en 2005 no se realiza una adecuada contabilización del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y se presentan cuentas con un saldo contrario a su naturaleza.