Abogados y un periodista ayudaron a la "banda del puerto" para bloquear la investigación

Barcelona.-  Dos abogados y un periodista colaboraron presuntamente con la "banda del puerto" en una estrategia encaminada a desacreditar la investigación sobre el robo de 400 kilos de cocaína, mediante informaciones y denuncias contra los mandos de la Guardia Civil que dirigían las pesquisas.

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(EFE)

Un agente del Cuerpo Nacional de Policía abre uno de los paquetes de cocaína intervenidos en 2003 en el interior de dos contenedores en el puerto de Barcelona. EFE/Archivo

Por su presunta implicación en esta trama, que investiga un juzgado de Martorell (Barcelona) desde el año 2005, cuando ocurrió el robo de cocaína, están imputados una decena de delincuentes comunes -varios de ellos ex confidentes policiales-, diez guardias civiles, entre ellos un teniente coronel, dos ex policías nacionales, otros dos abogados y un periodista.

En el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Efe, se revela que la organización puso en marcha una estrategia para presentar a los investigadores como "corruptos" en los medios de comunicación y desprestigiar así su posible declaración judicial en contra del grupo, bajo la consigna "ni unos somos tan malos ni otros son tan buenos".

Con ese fin, utilizaron al periodista F.G., que trabajaba en la edición catalana de "El Mundo" -de donde ha sido despedido tras ser imputado y quedar en libertad bajo fianza de 18.000 euros-, para que publicara noticias que luego servirían a los abogados para presentar querellas contra los investigadores y "sembrar dudas sobre su honorabilidad".

En el sumario se apuntan indicios de una presunta "asociación ilícita" integrada por los imputados encarcelados, entre ellos el jefe de los narcotraficantes y el líder de la trama policial supuestamente corrupta, que a través de un intermediario mantenían contactos con el periodista y los abogados.

Con ello pretendían, según consta en el sumario, "obstaculizar la buena marcha de la investigación", valiéndose de "métodos poco ortodoxos" como "difundir a través de los medios de comunicación noticias malintencionadas, tergiversando de manera interesada unos determinados hechos, todo ello con la finalidad de continuar en la impunidad y persistir en sus actividades delictivas".

La estrategia en la que presuntamente participaban los abogados N.R. y J.G. y el periodista fue descubierta a raíz de las escuchas telefónicas a que fueron sometidos los sospechosos, que se comunicaban con ellos incluso desde prisión, pese a que el uso de móviles está prohibido en los centros penitenciarios.

Además de por esas escuchas telefónicas, el periodista F.G. ha sido implicado en la causa por Soledad R.M., esposa de un condenado por asesinato que denunció a la Guardia Civil que el informador la había estafado, al aceptar dinero suyo con el compromiso de publicar noticias para demostrar la inocencia de su marido que nunca llegó a escribir.

En concreto, el periodista y Soledad R.M. intercambiaron durante un año, entre septiembre de 2007 y septiembre de 2008, centenares de correos electrónicos, aportados a la causa por la denunciante, en los que el informador promete a la mujer que publicará informaciones para liberar a su esposo, condenado a 41 años por el asalto de un furgón de Terrassa (Barcelona) en que murieron dos vigilantes.

En esa correspondencia, la esposa del condenado se ofrece a ayudar económicamente al periodista, que le asegura que está trabajando "para que Juanpe (el condenado) salga a la calle de una puta vez".

La mujer, que declaró como testigo ante la juez en septiembre de 2008, aseguró haber pagado al menos 77.000 euros al periodista: "me doy cuenta de que me está estafando, que me está engañando. Me dice 'voy a soltar el bombazo'....pero nunca saca la verdad, y hoy por hoy no la ha sacado. Por eso me siento engañada", añadió.