Zaragoza.- El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, considera necesario un cambio en el sistema punitivo a maltratadores y apuesta por la reeducación en los casos de inadaptación social y por el tratamiento de enfermedades como el alcoholismo o la celotipia.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, considera necesario un cambio en el sistema punitivo a maltratadores y apuesta por la reeducación en los casos de inadaptación social y por el tratamiento de enfermedades como el alcoholismo o la celotipia. EFE/Archivo
En su comparecencia en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, el Justicia ha presentado el informe especial sobre "Modelos de actuación en violencia de género. Estudio piloto en Aragón", y ha alertado de que la pena de cárcel no soluciona el problema sino que en muchos casos lo exacerba.
El actual sistema punitivo "no es bastante", ha dicho el Justicia, quien opina que después de una permanencia en prisión el riesgo de la mujer es mucho mayor, y en este sentido ha recalcado que la estancia en el centro penitenciario debe ser aprovechado para la reeducación o el tratamiento de problemas como la celotipia, el alcoholismo o las alteraciones mentales.
Precisamente, ha anunciado que ya está en elaboración un informe sobre rehabilitación en prisiones, que será presentado este año, y ha asegurado que en España hay 70.000 maltratadores ingresados en la cárcel.
A su juicio, muchas mujeres víctimas de violencia de género no son conscientes del riesgo en el que se encuentran e incluso puntúan a su pareja con más de cinco puntos sobre diez en aquellos casos en los que la ha agredido una vez y con 3,8 puntos si las agresiones son más de cuatro.
Tienen una percepción de la realidad "errónea" y tienden a recordar los buenos momentos de la relación, ha insistido García Vicente, quien ha advertido, además, de que el riesgo de las mujeres inmigrantes es hasta ocho veces mayor que el de las españolas.
Otra de las conclusiones del estudio es que muchas de las mujeres maltratadas por sus parejas no quieren denunciar y que él vaya a la cárcel, sino que su marido deje de pegarlas, y por ello ha presentado la alternativa de la "denuncia puente".
Se trata de sustituir la cárcel por un tratamiento adecuado al problema del agresor y darle una segunda oportunidad, aunque en esta opción debe haber siempre un profesional que medie y garantice que la víctima está tomando esa decisión libremente.
Para los casos de mujeres que no denuncian por miedo, el Justicia ha apostado por la "denuncia oculta", es decir, que haya un intermediario para así evitar los enfrentamientos que la víctima quiere evitar.
El informe ha sido elaborado por un equipo de trabajo encabezado por el director del Instituto de Medicina Legal de Aragón, Juan Antonio Cobo, e incluye un amplio trabajo de campo realizado en las prisiones de Zuera y Daroca, en el centro de inserción social "Las trece rosas" y el Juzgado de Guardia de Zaragoza.
En su intervención, la diputada del PP Carmen Pobo ha considerado que la educación en valores, el respeto y la sensibilización son las bases para evitar cualquier tipo de violencia, y ha señalado que se deben plantear nuevas políticas desde las administraciones para que "la prevención sea la herramienta más eficaz".
Por su parte, la diputada de CHA Nieves Ibeas ha hecho hincapié en que éste es un "tema fundamental" y a su juicio si no se asume que "hay casos diferentes que hay que abordar de forma diferente no se podrá avanzar en serio en este tema".
Adolfo Barrena, de IU, ha señalado que ésta es una "tarea social" en la que se tiene que involucrar toda la ciudadanía, los grupos políticos y las instituciones y ha destacado que una sociedad moderna debe poner todo lo que tenga a su alcance para que "la mujer sea una ciudadana de primera categoría igual que los hombres".
La portavoz del PSOE Ana Cristina Vera ha considerado que las leyes están cumpliendo los objetivos para los que fueron promulgadas, ya que hay más denuncias y más servicios a disposición de las mujeres, pero ha insistido en que "queda mucho por hacer y la ley es el mejor instrumento para seguir avanzando".
En este mismo sentido, la diputada del PAR Ana de Salas ha reconocido que se debe seguir trabajando para que la mujer salga de ese círculo de violencia en el que se encuentra, pero ha lamentado que es muy difícil romperlo para una mujer que se ha planteado un proyecto de vida en común con alguien.
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