Condenan a tres jefes de policía por crímenes previos al golpe de 2002 en Venezuela

Caracas.-  Un tribunal venezolano condenó hoy a 30 años de prisión a tres jefes policiales de Caracas por su responsabilidad en los asesinatos que precedieron al golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chavez.

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(EFE)

La juez Maryori Calderón condenó a Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, jefes de la Policía Metropolitana (PM), por ocho de los 19 asesinatos que se registraron ese día en el centro de Caracas. EFE/Archivo

Antonio Molina, abogado de las víctimas del 11 de abril de 2002, dijo a la prensa que la juez Maryori Calderón condenó a Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, jefes de la Policía Metropolitana (PM), por ocho de los 19 asesinatos que se registraron ese día en el centro de Caracas.

También fueron condenados a 30 años de prisión dos agentes de la PM, mientras que otros cuatro recibieron penas de entre 17 y 3 años, y dos fueron absueltos.

Aquel día manifestantes de oposición que se dirigían a la sede del gobierno para pedir la salida de Chávez fueron atacados por francotiradores, algunos de los cuales pertenecían a la PM, según la sentencia.

Las muertes sirvieron para que el alto mando militar justificase su desconocimiento de la autoridad de Chávez a través de una declaración que fue grabada, según se supo después, antes de que comenzase la masacre.

Esta circunstancia permitió a los sectores pro gubernamentales afirmar que el golpe contó con la participación de dirigentes de la oposición, militares y fuerzas de seguridad.

Molina explicó a la prensa que la decisión del tribunal se basó en que aquellas muertes "constituyeron una grave violación de los derechos humanos y formaron parte del desarrollo de un golpe de Estado en el que la PM fue utilizada como brazo armado de la oposición".

El abogado de las víctimas precisó que los tres comisarios de la PM fueron encontrados culpables de "complicidad necesaria en la ejecución de homicidio calificado, consumado, frustrado y lesiones gravísimas, graves, menos graves y leves".

Molina señaló, además, que esta sentencia abre el camino a que avancen las investigaciones para llevar a los tribunales a los responsables de los otros 11 asesinatos registrados en aquella fecha.

José Tamayo, uno de los abogados defensores de los policías expresó que la sentencia era predecible porque se trató de un "juicio político".

Los tres comisarios condenados estaban a la orden del entonces alcalde de Caracas, Alfredo Peña, actualmente prófugo de la justicia, presumiblemente en Estados Unidos.

Aunque el proceso comenzó en 2002, el juicio penal arrancó el 20 de marzo de 2006 en la ciudad de Maracay, 100 kilómetros al oeste de Caracas.

Los acusados, considerados por sus familiares "presos políticos", no fueron beneficiados con la amnistía que Chávez otorgó en diciembre de 2007 a personas implicadas en el golpe.

La juez Calderón mantuvo firme entonces la orden de prisión y negó el sobreseimiento del caso y la inclusión de los policías como beneficiarios de la amnistía.

En enero de 2008 la defensa de los acusados abogó por ellos ante las embajadas de Argentina, Costa Rica, El Salvador y México.

Los embajadores de estos cuatro países firmaron "como testigos de honor", en diciembre de 2004, un documento en el que la Fiscalía se comprometió a respetar derechos judiciales de esos policías, luego de que el Gobierno salvadoreño les negara el asilo político que solicitaron tras ingresar en su sede diplomática en Caracas.